Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional y bloquea sus activos

La medida, que responde a órdenes de aprehensión contra funcionarios israelíes, prohíbe transacciones con el tribunal y fue calificada como lamentable por la Unión Europea.

Las tensiones entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) aumentaron luego de que el tribunal emitiera en 2024 órdenes de aprehensión contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant. La administración Trump acusa a la CPI de atribuirse indebidamente jurisdicción sobre Estados Unidos e Israel, ya que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma que creó el tribunal.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó formalmente este viernes a la Corte Penal Internacional a su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. Esta acción somete a la institución a un bloqueo de activos y a severas restricciones para realizar transacciones que involucren a personas o entidades estadounidenses.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, oficializó la medida en un comunicado y remarcó la postura del gobierno. «Hoy, Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con esta corte deshonesta, cortando sus recursos y mermando su capacidad para operar», aseveró.

Además, Rubio enfatizó la posición histórica del país respecto al tribunal con sede en La Haya. «El presidente (Donald) Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional enjuicie a estadounidenses», afirmó el funcionario, quien además agregó: «Estados Unidos nunca se sumó a la corte. No la necesitamos. Y no la queremos».

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Esta designación amplía las sanciones previas impuestas en virtud de una orden ejecutiva firmada por Trump en febrero de 2025. Hasta la fecha, más de una decena de personas han sido sancionadas bajo esa orden, incluida la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, según informó el Departamento de Estado.

Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó enérgicamente las sanciones y las describió como un ataque a la legalidad internacional. «Es un ataque contra el Estado de derecho y contra los cimientos mismos del orden legal internacional, lo cual atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley», declaró la CPI en un comunicado, asegurando que no se desviará de su mandato.

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La Unión Europea (UE) expresó su pesar por la decisión de Washington, calificándola de «profundamente lamentable» y reafirmó su respaldo a la institución. En un comunicado, el bloque indicó que «ha sido un apoyo constante de la Corte Penal Internacional» y que tomará las medidas necesarias para respaldar su labor.

En la misma línea, el gobierno neerlandés, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Tom Berendsen, calificó las sanciones como «un paso profundamente lamentable». Berendsen aclaró que las sanciones no entrarán en vigor de inmediato, lo que permitirá a los proveedores de servicios continuar trabajando con la corte por ahora.

Junto con la nueva designación, el Departamento del Tesoro emitió cuatro licencias generales que autorizan ciertas transacciones con la CPI. Una de ellas otorga una autorización de 180 días para las actividades necesarias que permitan mantener sus operaciones, mientras que otras exenciones cubren servicios tecnológicos, el plan de pensiones y actividades relacionadas con los detenidos.