Un constitucionalista propone cuatro reformas esenciales para agilizar la Justicia argentina

Alfonso Santiago, especialista de la Universidad Austral, elaboró un informe detallado con iniciativas para transparentar los concursos y optimizar el desempeño judicial.

El constitucionalista Alfonso Santiago, de la Universidad Austral, propuso la implementación de un mecanismo adecuado para la evaluación periódica del desempeño de los jueces. Esta iniciativa busca que los magistrados rindan cuenta de su proceder ante sus superiores, los abogados y la sociedad en general.

Santiago sostiene que, si bien el sistema judicial argentino desarrolló procedimientos para seleccionar, designar, disciplinar y eventualmente remover magistrados, aún queda pendiente una herramienta de este tipo. El experto observa que juzgados con recursos y reglas similares muestran diferencias significativas en eficiencia y calidad de gestión, lo que sugiere la necesidad de medir esas variaciones.

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Otra de las propuestas del académico se enfoca en agilizar y transparentar la selección de magistrados, sugiriendo concursos anticipados y una menor discrecionalidad en el proceso. Las demoras actuales y la falta de transparencia en los concursos obstaculizan el funcionamiento del Poder Judicial, según su análisis.

En este sentido, Santiago recuerda el proyecto del nuevo Reglamento de Concursos que la Corte Suprema aprobó a través de la Acordada 4/2026 y que fue remitido al Consejo de la Magistratura. Dicha iniciativa plantea que los concursos puedan iniciarse sin que sea necesario esperar la existencia de una vacante, e incluye la creación de un legajo digital y auditable para los postulantes.

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El proyecto de reglamento también busca reducir la discrecionalidad al establecer que la entrevista personal otorgue un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, es decir, el 10% del puntaje global. Además, la propuesta contempla reglas objetivas para la integración de ternas y listas complementarias, así como un análisis técnico en dos etapas que garantiza el anonimato de los aspirantes. El letrado aseguró que «Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales».

Una tercera reforma planteada por Santiago es la necesidad de determinar si las modificaciones procesales que se implementaron en los últimos años realmente aceleran los juicios. El abogado propone medir el impacto real de estas normativas, aprobadas tanto a nivel nacional como provincial, para establecer qué reglas y prácticas deberían mantenerse o extenderse.

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Finalmente, el constitucionalista destacó la importancia de fomentar un Poder Judicial que esté al servicio de la ciudadanía. En este marco, considera que las reformas institucionales deben ir de la mano con cambios en las prácticas de quienes integran la Justicia y con un liderazgo efectivo de sus autoridades.

Actualmente, el Poder Judicial de la Nación enfrenta un panorama con 266 cargos vacantes, de los cuales 159 están en la etapa del Consejo de la Magistratura, 77 pasaron al Poder Ejecutivo y 30 se encuentran en el Senado. A esto se suman 75 concursos en trámite en el Consejo, los cuales pueden abarcar una o más de estas vacantes.