La Fiscalía boliviana continúa el proceso contra Evo Morales y Álvaro García Linera
Actualidad12/10/2026
REDACCIÓNLa acusación, presentada por la bancada opositora Libertad y República, atribuye a los exmandatarios delitos de asesinato y tortura en relación con un operativo de 2009.
Un operativo policial realizado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano, resultó en la muerte de tres extranjeros. El Gobierno del expresidente Evo Morales los había acusado de planear un magnicidio y promover la secesión, generando en su momento denuncias por ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias.
La Fiscalía General de Bolivia notificó este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el inicio de la acumulación de antecedentes contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera. Esta acción surge tras admitir una proposición acusatoria de la bancada opositora del Partido Libertad y República (Libre), que los vincula con el caso Las Américas.
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Según explicó el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, la acusación presentada la semana pasada por la senadora Tomasa Yarhui y otros legisladores de Libre, imputa a Morales y García Linera la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de la libertad. Desde la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, Urioste afirmó que el caso «amerita un juicio de responsabilidades» contra los exmandatarios.
En Bolivia, los juicios de responsabilidades contra exmandatarios se rigen por la Ley 044, que establece un procedimiento especial con la intervención del Ministerio Público, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso se inicia con la presentación de una proposición acusatoria ante la Fiscalía General, que debe evaluar su admisibilidad y determinar la existencia de elementos suficientes.
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Si se encuentran los elementos, la Fiscalía eleva un requerimiento acusatorio al TSJ para solicitar la autorización legislativa correspondiente. La decisión final recae en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se requiere el voto favorable de al menos dos tercios de los legisladores presentes para que el proceso pueda continuar.
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