Investigan a la hermana de un diputado del PJ por 594 estafas con viviendas sociales en Chubut
Policiales13/10/2026
REDACCIÓNFiscalía de Comodoro Rivadavia acusó a 5 mujeres, lideradas por Vanesa Fita, hermana de un legislador, de estafar por $100.000 con falsas casas del IPV.
La maniobra investigada en Comodoro Rivadavia consistía en requerir una transferencia de $100.000 por familia para acceder a una supuesta vivienda social. Según la fiscalía, el pago se dividía en $80.000 que teóricamente eran para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y otros $20.000 destinados a conexiones eléctricas.
Sin embargo, la investigación sostiene que los fondos terminaban en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas. Las promesas de adjudicación nunca se concretaban y los plazos de entrega eran postergados con excusas sobre presuntos trámites pendientes. Las estafas habrían ocurrido entre abril de 2023 y febrero de 2024, afectando a familias que buscaban una solución habitacional.
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La principal acusada por la fiscalía es Vanesa Elizabeth Fita, hermana del diputado provincial y presidente del PJ de Chubut, Gustavo Fita. La investigación la ubica como organizadora del esquema, presentándose como intermediaria de una cooperativa y asegurando tener contactos con funcionarios provinciales para facilitar las adjudicaciones.
Para generar confianza entre las víctimas, Fita habría asegurado en una reunión que contaba con el respaldo del exgobernador Mariano Arcioni y su secretaria, según el testimonio de una denunciante. Las familias recibían información a través de grupos de WhatsApp, donde se comunicaban novedades, y también se organizaban encuentros presenciales en distintos puntos de la ciudad.
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El fiscal general Martín Cárcamo solicitó una pena de entre seis y ocho años de prisión para Vanesa Fita, a quien se le atribuyen los 594 hechos investigados. Además, la fiscalía pidió que la causa avance a un juicio por jurados, aunque el requerimiento aún debe superar el control judicial correspondiente.
Junto a Fita, hay otras cuatro mujeres imputadas como presuntas partícipes necesarias en la maniobra. Para María Victoria Curán, de 43 años, se pidió una pena de cinco a seis años por 400 episodios, mientras que para Camila Lara Páez, de 22 años, se solicitaron de cuatro a cinco años por 320 hechos.
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Las otras dos acusadas enfrentan pedidos de condena menores. A Lucía Lorena Miranda, de 47 años, se la imputa por 130 maniobras y se pretende una pena de tres a cuatro años de prisión. Finalmente, para Gisela Belén Mansilla, de 34 años, se reclama una pena de uno a dos años por su presunta participación en cuatro hechos.
La causa se inició en febrero de 2024 a raíz de denuncias de vecinos sobre irregularidades en las ofertas de viviendas. A partir de esas presentaciones, los investigadores analizaron transferencias, comunicaciones y documentación que permitieron identificar centenares de maniobras, agrupadas en 179 denuncias penales.
La calificación legal propuesta por la fiscalía es estafa por calidad simulada e influencia mentida, en base a los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal. La hipótesis de la acusación sostiene que el engaño se basaba en simular la capacidad de gestionar viviendas e invocar supuestos vínculos con funcionarios para obtener dinero.
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