Impulsan un proyecto de Soberanía Nacional con penas de hasta 20 años por explotación en Malvinas

El proyecto de Soberanía Nacional, con debate en comisión, crea un Consejo de Seguridad y es criticado por la oposición al amenazar la libertad de prensa.

El proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” impulsado por el Gobierno Nacional establece el endurecimiento de las penas con hasta 20 años de prisión por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos. La normativa también contempla la inhabilitación de las empresas infractoras para operar en la Argentina y la creación de un registro público de las mismas.

La iniciativa, contenida en 133 artículos, no solo se enfoca en las sanciones económicas y penales vinculadas a Malvinas, sino que también propone un rediseño integral de las áreas de defensa, inteligencia y seguridad en el país. El objetivo declarado por el oficialismo es crear un nuevo sistema de seguridad nacional para dar respuesta a la “amenaza externa”, según defendió la Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

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Uno de los puntos más cuestionados por la oposición y organismos de Derechos Humanos es el artículo 111. Este apartado establece penas de prisión para quienes, con financiamiento extranjero, busquen alterar procesos electorales, manipular la opinión pública con desinformación o promover actos de violencia. Los críticos sostienen que su redacción es una amenaza directa contra el trabajo periodístico y fomenta la autocensura.

Además, la oposición dura ha calificado el proyecto como un “caballo de troya” para subordinar la política de defensa a un plan de “contrainsurgencia” de Estados Unidos en la región. Advierten que se busca reprimir la disidencia interna bajo la etiqueta de “amenaza externa” y perseguir la opinión libre en medios de comunicación. La estrategia del bloque de Unión por la Patria es lograr que el oficialismo reduzca el texto únicamente a los artículos sobre sanciones en Malvinas.

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El Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) ha sido uno de los organismos más activos en el debate, advirtiendo que la norma reorganiza áreas clave del Estado bajo el paradigma de la “seguridad nacional”. La Directora Ejecutiva de la entidad, Paula Litvachky, alertó que la iniciativa «reconfigura áreas centrales del Estado para dar lugar al Estado antiterrorista». Según Litvachky, esto justifica una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo y normaliza medidas de excepción.

Litvachky también señaló que el proyecto «amplía la persecución del terrorismo» a través de una definición “muy laxa” que podría restringir libertades civiles. «Porque esto deja abierta la puerta a la discrecionalidad y la arbitrariedad estatal. Y, por lo que se ve en otros países de la región, el resultado es la securitización (es decir, la criminalización) de conflictos o de fenómenos sociales», agregó la representante del CELS.

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La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros. Este organismo tendría la facultad de disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos, suspender contrataciones y, como último recurso, autorizar el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

El debate del proyecto se retomará mañana en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La discusión se había iniciado el pasado 30 de septiembre en un encuentro que finalizó de manera abrupta por un escándalo de insultos que involucró al diputado Juan Grabois con legisladores de La Libertad Avanza. Sin embargo, no se prevé la firma de dictámenes debido a la falta de acuerdos.

Para ganar tiempo de negociación ante los reclamos de la oposición y de sectores de la propia alianza oficialista, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió excluir el proyecto del temario de la sesión prevista para el 21 de octubre. Esta medida le otorga un mayor margen al oficialismo para negociar modificaciones al texto antes de que vuelva a tratarse en el recinto de la Cámara baja.