Impulsan cambios en desalojos y expropiaciones con una nueva ley de Propiedad Privada

Política13/10/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El oficialismo en Diputados impulsa un proyecto para agilizar desalojos (72 horas), limitar indemnizaciones por expropiación y flexibilizar la Ley de Tierras.

Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados.

Un proyecto de ley que debate el oficialismo en la Cámara de Diputados establece que un juez podrá intimar la devolución de un inmueble en un plazo de 72 horas a pedido de su propietario. Para ello, el dueño deberá presentar la prueba documental que acredite su titularidad sobre el terreno, vivienda o campo en cuestión. La medida forma parte de una acción a favor de sujetos con derecho legítimo afectado por ocupación de locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos.

Esta modificación está incluida en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y volverá a ser tratado este miércoles a las 16 hs en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La iniciativa fue incluida por el oficialismo en el temario de la sesión convocada para el 21 de octubre, junto a otras propuestas sobre Discapacidad y sobreendeudamiento familiar.


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En un trámite exprés, el oficialismo buscará incorporar al texto una versión “light” de la Ley de Tierras Rurales. Según trascendió, el dictamen de La Libertad Avanza respetaría los límites del 15% de tope a la extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, pero eliminaría el tope de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo del país.

La estrategia responde a un giro pragmático del Gobierno, que busca quitarle incentivos a la oposición para derogar el decreto 70/23 en la sesión del jueves. Aunque el oficialismo está filosóficamente en contra de las restricciones a la compraventa de tierras a extranjeros, reconoció que era una batalla perdida socialmente y que su insistencia ponía en riesgo la totalidad del DNU.


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Por otra parte, la iniciativa propone cambios en el régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y con una fundamentación clara por parte del Estado. El proyecto señala que «pueden ser objeto de expropiación los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utilidad pública’», sin importar su naturaleza jurídica.

En cuanto a las indemnizaciones, el monto se determinará por el valor objetivo del bien y no por valores afectivos o ganancias hipotéticas. Se fijará un tope del 30% de indemnización por lucro cesante si está debidamente acreditado, a diferencia del proyecto original que no incluía porcentajes. Además, la tasa de interés a pagar será la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC sumado a la tasa del Banco Nación a treinta días.


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El proyecto también detalla el procedimiento para desalojos por falta de pago. Tras la intimación, los inquilinos dispondrán de un plazo de al menos 10 días para regularizar sus deudas antes de que el locador pueda iniciar la acción judicial. La notificación se considerará válida incluso si el locatario se negara a recibirla, y la resolución judicial podrá habilitar «el uso de la fuerza pública en caso de necesidad».

Además, se estipula un protocolo de vulnerabilidad que otorga un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria cuando en la ocupación haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados. El proyecto también contempla una “ocupación temporánea anormal” por 90 días en circunstancias graves como emergencias sanitarias o desastres naturales.

Finalmente, la iniciativa modifica la ley “Pierri” de regularización dominial. Los cambios permitirán que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los 10 años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

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