Investigan un presunto fraude de $30 mil millones en subsidios a colectivos

La Justicia Federal avanza en una causa por el cobro de pasajes con sobreprecio. Exchoferes declararon amenazas para registrar trayectos más largos que los reales.

Exchoferes de las líneas de colectivos investigadas declararon como testigos que recibían instrucciones para marcar secciones mayores a las reales. Según afirmaron bajo juramento de verdad en los tribunales federales de Retiro, eran amenazados con sanciones si no cobraban por viajes más largos, independientemente del recorrido que efectuaran los pasajeros.

La Justicia resolvió mantener abierta una investigación por un presunto fraude de 30 mil millones de pesos en subsidios estatales otorgados a empresas de transporte. La maniobra consistiría en cobrar a los pasajeros una tarifa superior a la que correspondía, alterando así la distribución de la suma fija de subsidios y obteniendo un beneficio indebido en desmedro del resto de las compañías del sector.

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El juez federal Sebastián Casanello rechazó un planteo de una de las empresas denunciadas para cerrar la causa y ratificó la continuidad de la pesquisa. El magistrado sostuvo que la investigación registra hasta ahora “un avance sustancial” en materia de prueba y que existen pedidos de citación a declaración indagatoria que deben resolverse.

Por otra parte, informes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte detallaron 136 reclamos de usuarios por cobros indebidos o incorrecta asignación de secciones tarifarias entre mayo de 2025 y febrero de 2026. Sobre estas quejas, el juzgado evaluó que “es posible observar a través de quejas efectuadas por los pasajeros, un ejercicio de cobro tarifario similar a lo descripto por los choferes”.

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En ese marco, la decisión judicial mantuvo como querellantes a la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA). El juez consideró que «hoy no hay menos sino más razones para reconocer» el derecho de estas entidades a litigar en la causa.

Además, una de las empresas imputadas había denunciado previamente a los directivos de estas cámaras por una presentación ante la Secretaría de Transporte que, según la firma Sargento Cabral, buscaba perjudicarla. En esa causa paralela, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió citar a indagatoria al exsecretario de transporte Luis Pierrini y a directivos de las cámaras por presuntamente intentar ocasionar un perjuicio económico al “Grupo Metropol”.

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La investigación se inició hace nueve meses y originalmente tramitó en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Franco Picardi. Posteriormente, la Cámara Federal porteña ordenó el pase del expediente al juzgado de Casanello, debido a que allí se encontraba otra denuncia previa relacionada con los mismos actores.