La Justicia rechazó planteos de las defensas y 19 acusados irán a juicio oral en el Caso Ávalos

El juez Villanueva declaró la desaparición forzada como delito permanente, impidiendo la prescripción del Caso Ávalos, visto en Neuquén en 2003.

El juez federal Gustavo Villanueva sostuvo que en los delitos permanentes la ejecución de la conducta se prolonga en el tiempo, por lo que la desaparición de Sergio Ávalos sigue en curso. Con este argumento, el magistrado rechazó los planteos de las defensas de los 19 acusados y dejó firme el camino hacia el juicio oral y público.

Las defensas habían solicitado la anulación de la acción penal argumentando que se había excedido el plazo razonable para la duración del proceso. De forma subsidiaria, pidieron que se declarara la prescripción de la causa, al sostener que la figura de desaparición forzada se incorporó al Código Penal en 2011, ocho años después del hecho.

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Para desestimar la vulneración del plazo razonable, Villanueva consideró la “complejidad” del caso y afirmó que la investigación no muestra tiempos muertos. Además, el juez destacó la “extrema” gravedad del delito, al que calificó como una violación múltiple y continuada de los derechos humanos.

En línea con la fiscalía, el magistrado explicó que la ley que tipificó la desaparición forzada entró en vigencia en mayo de 2011, cuando el hecho investigado continuaba en ejecución. Agregó que esa situación persiste hasta la actualidad, dado que la víctima permanece desaparecida y su destino no ha sido establecido.

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La decisión del Juzgado Federal N°2 de Neuquén confirma el requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscal Luisina Tiscornia en agosto pasado. La fiscalía atribuyó a 11 de los acusados la coautoría del delito de desaparición forzada de personas y a los otros 8 la participación necesaria.

Sergio Ávalos, oriundo de Picún Leufú, era estudiante de Economía en la Universidad Nacional del Comahue. Fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003 en el boliche “El Fuerte”, cuando tenía 18 años.

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Según la acusación fiscal, en la desaparición intervinieron integrantes de la seguridad del local, que incluía a seis militares, cinco policías y tres empleados civiles. También se señaló que personal de mantenimiento, limpieza y administración del establecimiento habría omitido aportar información y contribuido a obstaculizar el avance de la investigación.