Conflicto universitario: gobernadores piden una solución y advierten sobre consecuencias electorales
Política17/10/2026
REDACCIÓNGobernadores piden fin al conflicto por financiamiento universitario y advierten por movilizaciones, mientras Subsecretaría defiende postura oficial.
Varios gobernadores, especialmente del radicalismo, le pidieron a las autoridades del Ejecutivo nacional que pongan fin al conflicto universitario. Los mandatarios advirtieron sobre posibles consecuencias electorales en sus distritos si las movilizaciones continúan con su volumen actual.
Frente a este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió la gestión de los recursos y justificó las acciones del Gobierno. «Todo este problema es porque cumplimos la ley, no porque la incumplimos», afirmó el funcionario tras una masiva movilización que terminó en represión a los manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.
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Álvarez sostuvo que las leyes que asignan recursos por fuera del presupuesto deben identificar las partidas destinadas a cubrir esos gastos. Según explicó, la iniciativa sobre financiamiento universitario incumplió ese requisito, por lo que consideró que correspondía promulgarla y suspender su aplicación en el mismo acto.
En esa línea, el subsecretario atribuyó la responsabilidad del conflicto a quienes respaldaron la normativa. «Votaron una ley violando la ley de administración financiera», planteó Álvarez al apuntar contra los legisladores que votaron el proyecto.
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Además, el funcionario expuso que el Ejecutivo solo utiliza el presupuesto aprobado por el Congreso, aunque abrió la puerta a una modificación. Álvarez afirmó que el Gobierno cumpliría con un eventual cambio presupuestario que apruebe el Poder Legislativo para destrabar la situación.
«Nosotros ejecutamos el presupuesto que aprueba el Congreso. Si el Congreso aprueba otro, ejecutaremos ese otro», expresó Álvarez. Actualmente, la única alternativa que ofrece el oficialismo es apelar los sucesivos fallos judiciales que tuvo en contra.
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Por otra parte, a fines de febrero, el ala política de La Libertad Avanza había elaborado un nuevo proyecto de ley para la educación superior que recomponía las remuneraciones. Dicho texto, que ya había sido pactado en parte con los rectores, contenía una condición esencial para el oficialismo: obligaba a retirar la demanda judicial para que se cumpla la normativa vigente.
Sin embargo, las espadas parlamentarias de La Libertad Avanza se encargaron de “cajonear” esa iniciativa. La decisión se basó en la creencia de que la Justicia iba a fallar en contra de los reclamos universitarios, un pronóstico que finalmente no se cumplió.
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