Proponen penas de hasta 20 años de cárcel por explotar recursos naturales en las Malvinas
Política19/10/2026
REDACCIÓNLa iniciativa oficial, que también crea un Consejo de Seguridad Nacional con amplias facultades, no logró los acuerdos necesarios y su tratamiento en comisiones fue pospuesto.
Un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el oficialismo prevé el endurecimiento de las penas por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. La propuesta establece hasta 20 años de prisión para quienes exploten o cooperen en la explotación de recursos en las islas y sus espacios marítimos circundantes.
Además, la normativa busca reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las prohibiciones, que ya no se limitarán a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. También se incorporará el juicio en ausencia para los delitos contemplados y se creará un registro público de infractores, con quienes el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar.
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El tratamiento del proyecto se vio frenado en la Cámara de Diputados. El oficialismo no consiguió los acuerdos con fuerzas aliadas y dialoguistas, por lo que decidió posponer el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles 27 de octubre a las 16.
En este contexto, un factor internacional influyó en la decisión de frenar el dictamen. El gobierno de Estados Unidos propuso eliminar el Comité de Descolonización de la ONU y el canciller Pablo Quirno dispuso que Argentina se abstuviera en la votación, una medida que generó controversias.
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Al respecto, el diputado de Unión por la Patria y excanciller Jorge Taiana criticó la postura del Gobierno. «Rechazamos la solicitud de Estados Unidos y exigimos al gobierno argentino que de manera urgente repudie esta decisión y retome la tradición diplomática argentina de firmeza y coherencia en el reclamo», declaró el exministro de Defensa.
Las objeciones al proyecto no se limitan a un solo artículo, sino que abarcan varios puntos. Entre las críticas se mencionan la excesiva concentración de poder en el Ejecutivo, la falta de precisión técnica para definir una “amenaza externa” y la difuminación de la frontera entre la Defensa y la Seguridad Interior.
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La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional que tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia. A su vez, podrá intervenir en la protección de infraestructuras críticas y autorizar el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles.
Entre sus facultades, el Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, y bloquear temporalmente fondos y activos. También podrá suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Por otra parte, el proyecto establece que este Consejo de Seguridad Nacional estará encabezado por el presidente. Será integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
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