Tras más de 15 horas de sesión, La Libertad Avanza logró el regreso a comisiones de la iniciativa, generando críticas de la oposición por la falta de plazo para su tratamiento.
En un final con fuertes cruces, la Cámara de Diputados aprobó la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar sin establecer una fecha para su futuro tratamiento. La moción, presentada por la diputada Silvana Giudici de La Libertad Avanza, fue cuestionada por legisladores opositores, quienes advirtieron que la medida podría significar que el debate no se reanude si no hay voluntad del oficialismo. «Son unos embusteros», protestó el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, al pedir una respuesta concreta con una fecha.
La votación para devolver el proyecto a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor se realizó a las 3:30 de la madrugada y resultó en 121 votos afirmativos, 117 en contra y cinco abstenciones. A favor votaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal y Producción y Trabajo. En contra se manifestaron Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica, entre otros bloques.
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El debate en el recinto giró en torno a dos propuestas contrapuestas. El dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo y sus aliados, se centraba en la educación financiera y la transparencia crediticia, sin intervenir sobre las tasas de interés ni proponer planes de refinanciación para deudores. Por otro lado, el dictamen de minoría de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica declaraba una emergencia por 180 días y establecía un régimen de regularización para morosos.
El proyecto oficialista, denominado “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, buscaba brindar información detallada sobre créditos para prevenir situaciones irregulares. El diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza) sostuvo que el objetivo era generar «un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden al crédito». Entre sus ejes se encontraban la precancelación de deudas y el acceso gratuito al perfil de riesgo en entidades bancarias.
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En contraste, la propuesta de la oposición, llamada “ley de regularización y alivio financiero”, proponía un plan de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con moras de más de 60 días y por montos de hasta $3.265.010. La iniciativa fijaba una cuota máxima que no podía superar el 30% de los ingresos de la persona, condonaba el 100% de los intereses punitorios y ponía un límite a la tasa de interés vinculada al Costo Financiero Total.
Durante el debate, la diputada de Unión por la Patria, Kelly Olmos, advirtió que «más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora», lo que representa un problema macroeconómico que, según ella, empuja a la economía a una recesión técnica. Por su parte, el legislador Martín Lousteau (Provincias Unidas) detalló que «el 40% de los deudores que ganan menos de 90.000 pesos no puede pagar sus deudas», atribuyéndolo a la caída del poder adquisitivo y al aumento de los gastos fijos de las familias.
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Desde el oficialismo, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero criticó el proyecto opositor, argumentando que si se aprobara, «será más difícil conseguir crédito» para una familia. Alertó que la imposición de topes a las tasas y la ruptura de contratos pasados alterarían las barreras de entrada a la competencia, comparando la iniciativa con la Ley de Alquileres.
La instancia de debate en el recinto había sido forzada por la oposición, que logró emplazar a las dos comisiones involucradas el pasado 9 de septiembre. Sin una fecha cierta para un nuevo plenario, todo el esfuerzo para impulsar el tratamiento de un tema considerado incómodo para la Casa Rosada podría resultar en vano.
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