Advierten que los aranceles para prestadores de discapacidad tienen un atraso mínimo del 30%

Actualidad24/10/2026

Pablo Morelo (Foro Discapacidad) alertó que el atraso de 2024 impide cubrir costos. Reclamó por falta de medicamentos y abandono, pese a nueva ley.

Los aranceles para las prestaciones por discapacidad se encuentran atrasados como mínimo un 30%, según denunció el presidente del Foro Permanente de Discapacidad, Pablo Morelo. Este desfasaje se debe a que a partir del 1 de enero de 2025 no se incorporó en el arancel una compensación por el atraso acumulado durante 2024. Esta situación implica que los prestadores no pueden cubrir los costos de los servicios que brindan, manteniendo la complejidad del sector.

Por otra parte, desde el Foro calificaron como “un paso importantísimo” la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados una nueva ley de protección social. Morelo destacó que la votación fue casi unánime y que el proyecto mantuvo cuestiones clave de la Ley de Emergencia que el texto oficial original había excluido. Según el referente, este amplio consenso le da fortaleza a la iniciativa para su tratamiento legislativo.

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El proyecto continuará su camino en el Senado, donde podría ser tratado la próxima semana, según le informó el diputado Herrera Aguad de Misiones. Desde el sector esperan que en la Cámara Alta también haya un fuerte apoyo. En paralelo, el tratamiento del Presupuesto será clave, ya que varios diputados oficialistas se comprometieron a revisar artículos que van en contra de la temática y asegurar que las partidas necesarias estén garantizadas.

Morelo insistió en que la emergencia va más allá de una ley y se refleja en lo que las personas con discapacidad viven a diario. Advirtió que la situación podría empeorar, ya que los sindicatos han manifestado que los recursos del Fondo Solidario de Redistribución no serán suficientes. Este fondo es crucial para que las obras sociales cubran diversas prestaciones, incluidas las de discapacidad.

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Además, el presidente del Foro señaló la dificultad en el diálogo con el gobierno actual, describiendo un panorama de puertas cerradas y prejuicios. Sostuvo que, a lo largo de la historia, casi todos los avances se lograron por la presión de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores, y que son muy pocos los funcionarios que han adoptado una actitud proactiva. “Todo se logra por las exigencias de las personas con discapacidad y sus familias, de los prestadores y de quienes trabajamos por esta temática”, afirmó Morelo.

Uno de los problemas más graves es el atraso en la entrega de medicamentos y pañales por parte del Estado a personas con pensiones. Si bien es una situación que proviene del gobierno anterior, se ha agravado en la gestión actual. La problemática se complicó aún más por denuncias sobre la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivaron en una intervención judicial.

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La demora en el otorgamiento de pensiones también genera un perjuicio significativo, ya que sin ellas las personas no solo carecen de una ayuda económica, sino que tampoco pueden acceder a medicamentos y otras prestaciones reconocidas por ley. Según Morelo, detrás de cada solicitud hay familias en situación de gran vulnerabilidad. La falta de acceso a estos derechos impacta directamente en el futuro de la persona afectada.

En el ámbito provincial, la situación también es crítica, ya que la mayoría de las jurisdicciones no han realizado inversiones para el desarrollo de apoyos y atención. El Gobierno nacional ha planteado transferir responsabilidades a las provincias, pero sin asegurar los recursos económicos, edilicios y de personal necesarios. Esta falta de inversión se agudiza en zonas rurales y en los grandes conglomerados urbanos fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Finalmente, Morelo remarcó que no se está abordando la situación de las personas con discapacidad que no tienen ningún tipo de cobertura y dependen exclusivamente del Estado. Indicó que desde hace años no existe una política proactiva para el desarrollo integral de estas personas. La falta de inversión en atención primaria impide dar respuestas rápidas en las provincias apenas se detecta un problema.