
El Gobierno busca destrabar la ley de Soberanía sobre Malvinas antes del 28 de octubre
Política24/10/2026
REDACCIÓNLa iniciativa enfrenta un ajustado calendario legislativo por Presupuesto y feriados. El oficialismo convocó a plenario el martes 27 para emitir dictamen.



El tratamiento del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas enfrenta una carrera contrarreloj en la Cámara de Diputados, donde el miércoles 28 de octubre aparece como la última fecha libre para su aprobación en el recinto. El principal obstáculo es el calendario de noviembre, que se presume saturado por la discusión del Presupuesto, los feriados por la visita del Papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Para acelerar las negociaciones, el Gobierno mantuvo una reunión con diputados de diversos partidos como el PRO, el MID y el Partido Justicialista (PJ). Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de lograr los consensos necesarios para el tratamiento de la iniciativa.


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En ese marco, el oficialismo buscará obtener dictamen en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, convocado para este martes 27 de octubre a las 16 horas. El Gobierno ha calificado la ley como una “prioridad”, argumentando que la causa Malvinas “es una causa sagrada para los argentinos”.
El proyecto, que reemplaza la Ley 26.659, no solo endurece las penas por explotación de recursos naturales, sino que también incorpora delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. Además, se penalizará la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y la realización de acciones financiadas desde el exterior para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
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Por otra parte, la iniciativa prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. También se redefine la función de la Defensa Nacional, autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
La norma también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que podrá disponer medidas urgentes ante amenazas, como restringir operaciones cambiarias, bloquear fondos y suspender contrataciones. Entre sus prerrogativas, se incluye el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques hostiles como último recurso, tras agotar un protocolo de actuación.
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Finalmente, el proyecto establece la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esta medida habilitará la inmovilización de bienes y la prohibición de realizar operaciones económicas o financieras con los inscriptos.
Además, se creará un registro público de infractores a la ley de soberanía. Tanto el Estado como los particulares tendrán prohibido contratar con las personas o entidades que figuren en dicho registro.















