Conflictos comunitarios podrían frenar inversiones millonarias en energía en América Latina

La OLACDE advierte que la relación con el territorio y la participación temprana de las comunidades son clave para la previsibilidad y éxito de los proyectos renovables.

Los desacuerdos con las poblaciones locales pueden alterar los cronogramas de ejecución y sumar incertidumbre a las decisiones financieras de largo plazo, especialmente en el ámbito de las inversiones en energías renovables y nuevas redes eléctricas. Esta situación adquiere una relevancia particular para América Latina, donde la transformación energética requiere una considerable ampliación y adaptación de la infraestructura existente.

En este marco, el secretario general de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), Andrés Rebolledo, enfatizó que la previsibilidad de una inversión no solo depende de factores financieros o regulatorios. «La certeza que necesita un proyecto no es solamente regulatoria o financiera. También es territorial y social», afirmó Rebolledo, señalando la experiencia de Chile como referencia en la incorporación de energías renovables y la descarbonización.

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Una planificación que no contemple desde el inicio a las comunidades afectadas puede generar diferencias por el uso del suelo, los impactos locales o la distribución de beneficios. Estas cuestiones se convierten en obstáculos que reducen las posibilidades de acuerdos y pueden demorar la ejecución de las obras, incluso en países con avances significativos como Chile, donde la expansión del sistema debe compatibilizarse con las condiciones económicas y sociales locales.

Para revertir esta dinámica, Rebolledo sugirió incorporar a las comunidades antes de que las decisiones finales estén cerradas. Este enfoque permite conocer las necesidades del territorio e identificar posibles impactos durante las etapas iniciales, transformando el diálogo de una mera instancia de reclamos a una parte integral de la planificación de la infraestructura.

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Además, un punto central es cómo se distribuyen los beneficios de las inversiones, ya que la construcción de una instalación energética no garantiza ventajas directas para los habitantes de la zona. Por eso, el enfoque propuesto por la OLACDE contempla mecanismos que vinculen el valor generado por los proyectos con el desarrollo efectivo de las comunidades.

El criterio también implica reconocer que cada territorio presenta condiciones distintas, lo que requiere adaptar las medidas a cada realidad local en lugar de aplicar una fórmula uniforme a todos los proyectos. La perspectiva de la OLACDE no busca solamente la aceptación para una obra ya definida, sino considerar las características del lugar desde las primeras etapas, incorporando una variable social decisiva para la ejecución y continuidad de las inversiones.

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Para facilitar esta relación y permitir una participación informada de los habitantes, la información pública y los canales de comunicación transparentes resultan esenciales. Conocer las características de una obra y sus posibles efectos permite identificar problemas antes de que se conviertan en disputas difíciles de resolver.