Abogados de Puerto Madryn buscan claridad judicial por cobro de honorarios
Actualidad28/10/2026
REDACCIÓNEl Colegio de Abogados local pidió a la Cámara Civil y Comercial definir un criterio sobre la facturación previa al cobro de fondos judiciales.
El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn busca una definición de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial sobre una práctica que afecta a los profesionales de la ciudad. La entidad gremial reclama un criterio claro respecto a la condición que imponen algunos juzgados de presentar facturas antes de autorizar la transferencia de honorarios depositados judicialmente. Esta controversia tiene implicancias prácticas directas para los profesionales matriculados que deben cobrar sus retribuciones en expedientes judiciales.
El conflicto se centra en una exigencia que, según la entidad, condiciona el acceso a honorarios que ya se encuentran depositados en una cuenta judicial. Los abogados deben emitir y presentar las facturas de sus servicios antes de poder percibir los fondos, un requisito que el Colegio considera que amerita una revisión por las consecuencias que genera en el ejercicio profesional.
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La institución formalizó una nueva presentación el 20 de octubre, reiterando un pedido original fechado el 20 de agosto. El Directorio del Colegio informó que no obtuvo respuesta alguna durante los dos meses transcurridos desde el planteo inicial. Por ello, insistió para que el tribunal se expida y comunique el criterio que corresponde aplicar en estos casos.
En su planteo, el Colegio sostiene que la condición de facturar previamente no está contemplada en la normativa fiscal vigente. La discusión se concentra en la relación entre los procedimientos judiciales para liberar fondos y las obligaciones tributarias que deben cumplir los profesionales. La presentación busca determinar si es apropiado mantener este mecanismo o si debe adecuarse a las disposiciones legales.
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El Directorio pidió específicamente a los integrantes de la Cámara que comuniquen la posición que adoptarán frente al reclamo. Además, solicitó que informen sobre las medidas que se dispondrán o las que consideren pertinentes para adecuar esta práctica cuestionada a la normativa actual. El objetivo fundamental es contar con una respuesta institucional clara sobre un procedimiento que impacta de manera directa en los abogados de la ciudad.
Por el momento, la acción del Colegio apunta a conseguir un pronunciamiento formal del tribunal y no implica que sus argumentos hayan sido aceptados o rechazados. La cuestión pendiente de resolución es determinar si la exigencia cuestionada tiene un sustento normativo. El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn espera así una definición sobre los pasos a seguir.
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