Impulsan un proyecto para habilitar buques extranjeros en el cabotaje marítimo
Actualidad28/10/2026
REDACCIÓNLa iniciativa presentada en el Senado por Patricia Bullrich y Joaquín Benegas Lynch propone cambios en las reglas de navegación, tributación y controles aduaneros.
Un proyecto legislativo en el Senado reaviva el debate sobre el cabotaje marítimo argentino, al proponer que las tripulaciones de buques extranjeros operando en aguas nacionales queden exclusivamente sujetas a la legislación de su país de bandera. Esta modificación es uno de los puntos centrales que impulsa la propuesta en discusión.
La iniciativa, presentada por Patricia Bullrich, Joaquín Benegas Lynch y otros legisladores, plantea la posibilidad de que naves de otros países participen en el transporte de cargas entre puertos argentinos. No obstante, reserva actividades específicas como la pesca, el transporte de combustibles y el remolque de maniobra para las embarcaciones nacionales.
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Esta propuesta se diferencia del anteproyecto que Federico Sturzenegger difundió en julio, el cual contemplaba una incorporación progresiva de trabajadores argentinos a las tripulaciones foráneas. El texto actual, en cambio, no incluye esa escala y adopta las normas laborales del país de abanderamiento como criterio, con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 como estándar mínimo.
Para las empresas que deseen operar, el proyecto establece que los armadores extranjeros deberán informar a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre su ingreso al tráfico de cabotaje. Además, la propuesta excluye a las compañías que hayan prestado servicios a personas o firmas no autorizadas para explorar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, vinculando esta medida con la controversia de Malvinas.
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En cuanto a los costos operativos y las inversiones, el texto incluye incentivos tributarios para los armadores nacionales. Entre ellos, contempla una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para las sociedades que realicen estas actividades, sumado a mecanismos de amortización acelerada para determinados bienes muebles asociados a estas inversiones.
Asimismo, el proyecto incorpora significativas modificaciones al Código Aduanero, permitiendo que los contenedores permanezcan de manera indefinida en el país bajo el régimen de admisión temporaria. También se reconoce la validez jurídica y probatoria de los documentos de transporte digitales o electrónicos, incluyendo aquellos relacionados con transbordos intermodales.
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La iniciativa también impone obligaciones claras en materia de seguridad y protección ambiental para las embarcaciones que operen en aguas nacionales. La Prefectura Naval Argentina será la encargada de controlar el cumplimiento de los convenios internacionales sobre seguridad marítima y prevención de la contaminación.
El Gobierno ha iniciado conversaciones con gobernadores del norte del país, quienes realizaron aportes a través del Consejo Federal de Inversiones, y busca el respaldo de bloques aliados para avanzar en el Senado. Sin embargo, los gremios marítimos mantienen su fuerte resistencia a la apertura, especialmente por las potenciales consecuencias sobre el empleo y las condiciones laborales argentinas.
Para agilizar la operatoria, el proyecto establece un trámite sumarísimo para la cancelación de la inscripción de buques en la matrícula nacional. Este procedimiento otorga a los organismos públicos un plazo de 15 días hábiles administrativos para informar sobre deudas o cualquier otra obligación registrada.
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