Ordenan reabrir la causa por robo de propofol para analizar los celulares de los médicos
Policiales05/11/2026
REDACCIÓNLa Cámara de Casación determinó que la investigación contra un anestesista y una residente del Hospital Italiano fue cerrada de forma prematura y debe volver a instrucción.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ordenó que la causa por el desvío de fármacos en el Hospital Italiano regrese a la etapa de investigación. El camarista Nicolás Grappasonno consideró que la pericia sobre los dispositivos electrónicos secuestrados a los imputados es útil y pertinente para esclarecer los hechos, advirtiendo que sus resultados podrían modificar la hipótesis de la acusación.
El expediente se inició en febrero de 2026 y tiene como acusados al anestesista Hernán Boveri y a la residente de tercer año Delfina “Fini” Lanusse. La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital mediante el desvío de ampollas de propofol y otros fármacos para uso personal. Según el procesamiento, confirmado en junio, Boveri sería el autor de la maniobra, mientras que Lanusse habría tenido una participación secundaria.
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El eje del conflicto judicial es el análisis de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de los médicos. Durante la instrucción, el fiscal Lucio Herrera (h) había solicitado una pericia a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sin embargo, el juez de la causa consideró que esa medida podía realizarse durante el debate oral y cerró la investigación.
Esta decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. Ya en la instancia de juicio oral, la fiscal María Luz Castany sostuvo que el expediente debía regresar a instrucción porque el análisis de los teléfonos podía aportar información relevante sobre la intervención de cada acusado. Aunque el juez Pablo Vega coincidió con este planteo, el magistrado de primera instancia solo aceptó parcialmente la decisión y remitió nuevamente a juicio a uno de los imputados.
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Ante esta situación, la fiscal Castany solicitó que se declarara la nulidad del cierre de la instrucción. Su planteo fue respaldado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi ante la Cámara de Casación. El fiscal argumentó que no se trataba de una diligencia complementaria, sino de completar una medida de investigación fundamental solicitada durante la instrucción.
En la etapa inicial, el fiscal Herrera también había solicitado que se analizaran los registros de las intervenciones médicas en las que participaron los imputados. El objetivo era determinar en cuántos procedimientos realizados entre enero de 2025 y febrero de 2026 se había registrado el uso de ampollas de propofol.
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