Malvinas: ordenan a pesqueras extranjeras no operar sin permiso y entregar información detallada
Política10/11/2026
REDACCIÓNLa medida, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza a doce compañías españolas y siete estructuras hispano-isleñas que operan en aguas argentinas.
Una fundación reclama una compensación de US$ 26.465 millones por las capturas realizadas por empresas extranjeras entre 1989 y 2025 en aguas cuya soberanía reclama Argentina. La demanda, presentada por la Fundación Agustina Lerena en representación de la comunidad, busca atribuir consecuencias patrimoniales a décadas de explotación pesquera sin autorización nacional. Se trata de una estimación de la parte demandante y no de una indemnización determinada por la Justicia.
El reclamo se enmarca en una causa en la que la Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar el 6 de noviembre. La resolución de la jueza Mariel Borruto, correspondiente al expediente FCR 16446/2026, prohíbe a compañías pesqueras extranjeras realizar actividades de pesca en la zona sin la debida habilitación de las autoridades argentinas. La restricción estará vigente hasta que las empresas obtengan los permisos o el tribunal decida modificarla.
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La prohibición judicial alcanza a un total de doce compañías y grupos pesqueros con domicilio en España, entre los que se encuentran Pescapuerta, Marfrío, WOFCO, Copemar y Armadora Pereira. Además, la medida comprende a siete estructuras empresariales hispano-isleñas vinculadas con la actividad, como Orion Fishing, Jupiter Fishing, Beagle Fishing, Polar Seafish y Golden Touza.
Uno de los puntos centrales de la cautelar es la exigencia de información detallada sobre las operaciones de estas firmas. Las compañías deberán presentar, en un plazo de diez días judiciales tras ser notificadas, declaraciones juradas con datos sobre sus embarcaciones, licencias, cuotas de captura por buque y especie, y seguimiento satelital. La jueza también ordenó la conservación de todos los registros operativos, técnicos y comerciales.
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Rosario Central chicaneó a Newell's con un video por su festejo anticipado: “Nos sobran los motivos”El fallo se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, los principios de prevención y precaución ambiental, y las leyes General del Ambiente 25.675 y Federal de Pesca 24.922. La jueza Borruto consideró además informes técnicos del INIDEP sobre poblaciones migratorias y compartidas, como el calamar y la merluza. Según la fundación, explotar estos recursos sin control compromete las medidas de conservación argentinas.
El tratamiento para las empresas argentinas fue diferente, ya que la magistrada no dispuso por ahora restricciones cautelares contra ellas. En su lugar, requirió a las autoridades pesqueras información sobre permisos, cuotas y declaraciones juradas para analizar la situación de los operadores nacionales. La evaluación sobre una posible infracción al artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca quedó a cargo de la Autoridad de Aplicación y del Consejo Federal Pesquero.
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La decisión de la jueza Borruto cuenta con un antecedente judicial del 16 de septiembre. En esa fecha, la magistrada dictó una medida cautelar contra las petroleras Rockhopper y Navitas por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que también se desarrollaba sin autorización argentina en la plataforma continental. Aquella resolución se apoyó en la Ley 26.659.
El alcance de la nueva prohibición incluye la captura de recursos marinos vivos, el procesamiento a bordo de los buques y los transbordos en el mar. La medida rige para el mar territorial y la Zona Económica Exclusiva argentina, extendiéndose hasta las 200 millas, lo que abarca las aguas cercanas al archipiélago de las Islas Malvinas.
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