Argentina busca frenar en un tribunal internacional un proyecto petrolero de 35 años en Malvinas
Política10/11/2026
REDACCIÓNArgentina expuso en Alemania para impulsar medidas contra el Reino Unido, argumentando que la extracción de hidrocarburos es definitiva e irrestaurable.
El proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, contempla la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte durante 35 años. El plan, además, prevé la posibilidad de perforar hasta 23 pozos de producción y contempla nuevas etapas de desarrollo.
El Gobierno argentino presentó este martes la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en la ciudad de Hamburgo. El principal cuestionamiento es que el Reino Unido autorizó “unilateralmente” la explotación de hidrocarburos en un territorio que está sujeto a una disputa de soberanía.
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Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, advirtió durante la audiencia que los recursos en juego no son renovables. En su rol de agente ante el tribunal, manifestó: «Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción e definitiva».
Según la denuncia, las autoridades británicas primero anunciaron que la perforación comenzaría a principios de 2027, pero luego aplazaron la fecha al 21 de marzo del próximo año. La delegación argentina sostuvo que esta decisión, junto a la prórroga por cinco años de las licencias de producción de hidrocarburos, “agravó la controversia”.
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Oyarzábal también solicitó la necesidad de poner un freno al proyecto mientras se sustancia el arbitraje internacional, ya que de cumplirse los plazos, los trabajos preparatorios ya estarían en marcha. Sostuvo que «la perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto», y enfatizó que ninguna indemnización podría restablecer la situación original.
La comitiva nacional está compuesta por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente. La defensa jurídica está a cargo de los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
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