Vialidad II: La Justicia decomisó más de $684 mil millones y condenó a Martín Báez
Policiales12/11/2026
REDACCIÓNEl Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Martín Báez y 5 exfuncionarios por defraudación en el segundo tramo de la causa Vialidad II.
El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso el decomiso de bienes por más de $684.990.350.139,86 en la causa Vialidad II. Esta cifra deberá ser actualizada al momento de su ejecución y se enmarca en las condenas impuestas a seis personas, incluyendo a Martín Antonio Báez y Julio Enrique Mendoza, quienes recibieron penas unificadas.
En el caso de Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, se le fijó una condena unificada de 7 años y 9 meses de prisión por su rol en esta causa y otra anterior por lavado de activos agravado. En tanto, a Julio Enrique Mendoza se le impuso una pena unificada de 5 años y 9 meses, que cumplirá bajo prisión domiciliaria debido a su edad. Los otros cuatro condenados, los exfuncionarios Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando, y el empresario Fernando Javier Butti, recibieron penas que van desde los 3 años hasta los 2 años y 6 meses de prisión.
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Estas sentencias se lograron mediante un juicio abreviado, donde los seis acusados admitieron su culpabilidad por los hechos investigados. El acuerdo para este proceso fue alcanzado por los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El juez Andrés Fabián Basso, quien adoptó la sentencia, basó su decisión en la condena anterior del caso Vialidad, al considerar que los hechos juzgados en este segundo tramo son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado previamente. Allí se había acreditado con certeza la existencia de una maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública a través de la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
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A diferencia de la causa principal, Vialidad II se centró en el rol de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de su seccional en Santa Cruz. Asimismo, la investigación apuntó a empresarios vinculados a las compañías de Lázaro Báez, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, que obtuvieron contratos con el Estado.
El fallo condenó a los seis acusados por el delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. El juez Basso identificó a Alonso, Gregorutti y Passacantando, como coautores, por su posición como administradores de intereses pecuniarios y por quebrantar sus deberes. Por su parte, Báez, Butti y Mendoza fueron considerados partícipes necesarios por su cooperación desde las empresas constructoras, fundamental para llevar a cabo la maniobra, mediante la presentación de ofertas y la ejecución de contratos.
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