Daniel Passarella irá a juicio oral en 2027 por la causa de corrupción en River Plate

El Tribunal Oral fijó el 15 de febrero de 2027 para el inicio del debate contra el expresidente, exdirigentes, barrabravas y policías por presuntas maniobras millonarias.

Daniel Alberto Passarella deberá sentarse en el banquillo de los acusados el 15 de febrero de 2027. El expresidente de River será juzgado junto a otros 30 imputados por una investigación que reúne presuntas maniobras de administración fraudulenta, reventa de entradas y vínculos entre dirigentes, barrabravas y policías. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 de la Capital Federal.

La dimensión de la investigación se refleja en la cantidad de personas involucradas y en los distintos mecanismos económicos que aparecen en el expediente. Son 31 los acusados que deberán comparecer en el juicio, entre ellos integrantes de la comisión directiva que encabezó Passarella, referentes de Los Borrachos del Tablón y dos efectivos policiales. La causa también contempla una investigación por presuntas extorsiones vinculadas con el manejo de la tribuna.

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El expediente tiene su origen en un episodio ocurrido el 23 de junio de 2012, durante el partido que River disputó ante Almirante Brown por el ascenso a Primera División. Un socio del club denunció que otra persona ocupaba su asiento en la platea San Martín. El hombre que estaba en esa ubicación tenía una entrada de protocolo con los mismos datos de fila y butaca.

El reclamo terminó en una situación de hostigamiento, según la denuncia judicial. El socio sostuvo que recibió destrato y amenazas cuando intentó recuperar el lugar que tenía asignado junto a su familia. Dos días después presentó una denuncia por estafa, que dio origen a una investigación impulsada por el fiscal José María Campagnoli.

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Uno de los capítulos centrales del expediente apunta al presunto circuito de comercialización ilegal de localidades. A partir de escuchas telefónicas y seguimientos, los investigadores reconstruyeron un mecanismo que habría utilizado información de aproximadamente 10.000 socios que habitualmente no concurrían al estadio. Esos datos se habrían empleado de manera rotativa para imprimir unas 1.500 entradas por partido destinadas a integrantes de la barra.

La investigación sostiene que los tickets eran retirados en oficinas del club y que, cuando las entregas no podían concretarse allí, se utilizaban otros puntos de encuentro. Entre los lugares mencionados aparecen un lavadero de autos de la avenida Libertador y una estación de servicio ubicada en Juan B. Justo y Nicaragua. Posteriormente, las localidades se comercializaban por Internet y mediante una oficina situada en Carlos Pellegrini 27.

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El circuito también habría contado con una estructura de revendedores identificados por la Justicia. Un total de 57 personas aparecían vinculadas con la distribución de entradas en las inmediaciones del Monumental. Según la investigación, recibían los tickets en los quinchos del club y utilizaban una oficina cercana al estadio para informar sobre las operaciones y las ganancias.

Las presuntas irregularidades no se limitaban a la venta de localidades. El expediente también incluye operaciones relacionadas con transferencias de futbolistas y pagos que habrían perjudicado económicamente a River. Entre las maniobras investigadas aparecen 26 cheques emitidos a nombre de jugadores, cuyas firmas habrían sido falsificadas para que terceros cobraran el dinero.

En esa lista figuran futbolistas como Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Leandro Vella. También aparece el pase de Jonathan Fabbro, por el que se habrían abonado dos comisiones en lugar de una. La fiscalía sostuvo que uno de esos pagos correspondió al representante del jugador, mientras que el otro habría terminado en manos de integrantes de la dirigencia.

Los recitales realizados en el Monumental forman otro capítulo de la investigación. El fiscal señaló presuntas irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada y en la facturación de esos trabajos. De acuerdo con la acusación, River habría afrontado gastos que correspondían a las empresas organizadoras de los espectáculos. También se cuestionó la utilización de facturas emitidas por Radiollamada S.A., una firma registrada como servicio de remises.

A ese apartado se suma un conflicto comercial con Time For Fun por el alquiler del estadio para recitales entre 2009 y 2013. River debió afrontar una sentencia por 2,5 millones de dólares, después de que la empresa reclamara por el incumplimiento del acuerdo comercial. La causa penal también contempla presuntas refacciones inexistentes, sobreprecios, licitaciones irregulares y contrataciones de servicios de limpieza.

Entre los acusados aparecen varios integrantes de la conducción que acompañó a Passarella. Diego Turnes, exvicepresidente; Eduardo Rabuffetti, vinculado al fútbol amateur; y los extesoreros Hugo Carreras y Daniel Mancusi forman parte de la lista. También están señalados Francisco Biernakowicz y Gustavo Poggi, a quienes la investigación ubica como presuntos nexos con la barra.

Por el lado de Los Borrachos del Tablón, deberán comparecer referentes de la conducción de aquella época, entre ellos Martín Araujo, conocido como Martín de Ezeiza, y Guillermo Godoy, alias Caverna. La nómina incluye además a los policías Alejandro Hayet y Alejandro Rivaud, conocido como el Francés, junto con Diego Rodríguez.

Otro tramo del juicio abordará la presunta extorsión contra Ariel Calvici, conocido como el Pato Ariel, quien había intentado disputar el control de la barra. La acusación sostiene que recibió amenazas y advertencias sobre la posibilidad de que le plantaran droga en su vehículo para involucrarlo en una causa penal.

La fecha establecida por el tribunal representa un paso determinante para una investigación que lleva casi 15 años. El debate oral permitirá discutir las responsabilidades individuales y las pruebas reunidas sobre el funcionamiento de los presuntos circuitos ilegales dentro del club. Passarella y los otros 30 imputados deberán responder ante la Justicia a partir del 15 de febrero de 2027, en un proceso que involucra uno de los expedientes más importantes sobre la relación entre dirigencia, barras y negocios en el fútbol argentino.