Concesionan las rutas 3, 25 y 26: los puntos grises de la licitación nacional

Política16/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

El Decreto 1358/2026 oficializó la medida que abarca 27 rutas. Resta definir costos, obras y la ubicación de las cabinas para los usuarios.

Mantenimiento en las Rutas Nacionales
Mantenimiento en las Rutas Nacionales

La Secretaría de Transporte dispone de un plazo de doce meses para convocar a una licitación pública nacional e internacional que entregará a empresas privadas la operación de varias rutas nacionales. Pese a que el oficialismo anunció que los contratos deberán incluir obras críticas, el decreto que impulsa la medida no identifica los tramos concretos ni establece las condiciones económicas que deberán afrontar los usuarios.

El punto de partida del programa es el Decreto 1358/2026, publicado el viernes 13 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, incorpora 27 rutas nacionales a la Red Federal de Concesiones, un esquema que abarca aproximadamente 12.000 kilómetros y se extenderá hacia sectores de la Patagonia austral.


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En la provincia de Chubut, la iniciativa incluye las rutas nacionales 3, 25 y 26, tres corredores que cumplen funciones muy diferentes. La Ruta 3 concentra gran parte de la circulación entre las ciudades del litoral y conecta con Santa Cruz, mientras que la 25 vincula el valle con la cordillera y la 26 es un corredor fundamental para la actividad petrolera y las comunicaciones con el sur provincial.

El tramo de la Ruta 3 entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia es visto como el sector con mejores condiciones para sostener una concesión mediante peajes por su importante movimiento de vehículos. La principal expectativa en esa zona está relacionada con la autovía entre ambas ciudades, una obra postergada durante años.


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La situación es diferente en las rutas 25 y 26. La primera atraviesa zonas de baja densidad poblacional que dependen de ella para el transporte, la producción y el turismo. La segunda soporta un tránsito ligado a la industria hidrocarburífera, pero sus volúmenes difícilmente permitan financiar grandes obras solo con la recaudación de las cabinas.

Una de las principales preocupaciones es el costo para quienes utilizan diariamente estos corredores, ya que en buena parte de la Patagonia no existen caminos alternativos. El impacto no es el mismo para un trabajador que viaja entre Sarmiento y Comodoro Rivadavia que para un automovilista ocasional, y el gasto podría trasladarse a los precios de productos regionales como el petróleo y el pescado.


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La fiscalización de las concesiones estará a cargo de Vialidad Nacional, que actuará como autoridad de control. Sin embargo, el organismo atraviesa un proceso de restricciones presupuestarias y dificultades para sostener sus tareas, lo que genera dudas sobre la eficacia con la que podrá verificar las inversiones comprometidas por las empresas adjudicatarias.

La participación de las provincias en el proceso también aparece como una cuestión pendiente. El decreto no presenta un esquema de intervención de los gobiernos provinciales en la definición de las obras y las condiciones de explotación, una discusión con consecuencias directas para la integración territorial de Chubut.

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