
El Tribunal Superior porteño ordenó aplicar la Ley de Modernización Laboral en indemnizaciones
Política18/11/2026
REDACCIÓNLa resolución del Tribunal Superior de Justicia revocó un fallo anterior y sienta un precedente sobre cómo deben calcularse los montos por despido en juicios en curso.



El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño dispuso aplicar la Ley de Modernización Laboral para la actualización de una indemnización por despido, tras revocar por mayoría una sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo. Esta nueva norma, la Ley 27802, entró en vigencia el 6 de marzo de 2026 y establece un régimen para créditos laborales en juicios que aún no tienen sentencia definitiva.
La decisión judicial hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Banco Hipotecario, en una causa iniciada contra la entidad bancaria. El tribunal ordenó que los intereses y la actualización del crédito se determinen conforme a lo establecido en el artículo 55 de dicha ley.


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Este mecanismo adopta la tasa pasiva del Banco Central como regla principal para la actualización. Además, fija un techo equivalente al resultado de actualizar el capital por el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, y un piso que no puede ser inferior al 67% de lo que arroje esa fórmula.
Previamente, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización, declarando la inconstitucionalidad de las leyes 23928 y 25561. Sobre esa base, ordenó la actualización del crédito desde su exigibilidad mediante el IPC más un interés puro del 3% anual.
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El Banco Hipotecario había recurrido esta decisión ante el TSJ, alegando que la resolución resultaba arbitraria y se apartaba de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes conocidos como “Oliva” y “Lacuadra”. Por su parte, la trabajadora planteó la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral, un pedido que el tribunal rechazó al considerar que la declaración de invalidez de una ley constituye un recurso de última instancia.
La mayoría del tribunal sostuvo que el régimen transitorio diseñado por el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo. Concluyeron que este marco no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad de los involucrados en las causas laborales. Con estos fundamentos, la resolución del TSJ es concordante con el reciente fallo de la Corte en el expediente “Cabana Opanasiuk”.
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El piso del 67% establecido en la fórmula de actualización es compatible con la doctrina de no confiscatoriedad fijada por la Corte Suprema en su precedente “Vizzoti”. La resolución del TSJ corresponde al expediente “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”.














