
Proponen un plan de viviendas para frenar la fractura social en ciudades petroleras
Actualidad19/11/2026
REDACCIÓNLa iniciativa busca crear un esquema de incentivos fiscales y subsidios cruzados para garantizar el acceso a la propiedad a familias de ingresos medios y bajos.



Una propuesta busca incorporar un mecanismo inspirado en los Certificados de Potencial Adicional de Construcción, utilizados en la ciudad brasileña de San Pablo, para gestionar el crecimiento inmobiliario en ciudades productivas. El sistema propone separar los derechos de construcción del valor del terreno, permitiendo que los municipios administren y subasten parte de esa capacidad edificatoria adicional. De esta manera, los desarrolladores deberían considerar ese costo al comprar los terrenos.
El objetivo de esta medida es evitar que las exenciones impositivas destinadas a la construcción terminen aumentando el valor de los terrenos y que el beneficio económico quede concentrado en los propietarios de la tierra. El mecanismo limita la apropiación privada de la valorización generada por las nuevas reglas urbanísticas, logrando que una porción de la renta que produce el crecimiento inmobiliario regrese a la comunidad.


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El dinero recaudado a través de las subastas ingresaría a un fondo específico y transparente, destinado a financiar créditos hipotecarios para viviendas accesibles y obras de infraestructura. Entre las prioridades para la inversión de estos fondos se encuentran las redes de agua potable y cloacas, calles, desagües y espacios públicos. También se contempla la preparación de terrenos urbanizados para recibir nuevos barrios, con conexiones adecuadas hacia los lugares de trabajo.
La propuesta central consiste en crear un esquema de incentivos fiscales, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero orientado al desarrollo urbano. Se prevé una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias y la eliminación del IVA y del impuesto a los Sellos para empresas y fideicomisos de construcción. A cambio, los gobiernos municipales podrían reducir los costos de permisos y otros gravámenes vinculados con las obras.
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Como contrapartida, las empresas constructoras no podrán utilizar esos beneficios exclusivamente para viviendas de altos ingresos. El mecanismo exige que una parte significativa de los desarrollos tenga precios accesibles y que las unidades más costosas contribuyan a financiar las restantes. Este sistema de subsidios cruzados podría aplicarse dentro de un mismo edificio o en distintos sectores de una localidad.
La planificación urbana también resulta determinante para evitar que las nuevas construcciones reproduzcan la separación social. No alcanza con ofrecer viviendas económicas si quedan lejos de los establecimientos laborales, del transporte o de los servicios públicos. Además, la llegada de nuevos trabajadores exige ampliar la infraestructura existente, como escuelas y centros de salud.
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El crecimiento de la actividad minera, petrolera y gasífera puede generar una fractura social en las ciudades productivas, especialmente en localidades de la Patagonia cercanas a grandes emprendimientos. La llegada de empresas y trabajadores especializados con salarios elevados aumenta la demanda de viviendas, dejando en desventaja a la población local para acceder a una propiedad o sostener un alquiler. El resultado puede ser una ciudad dividida entre barrios privados y asentamientos sin infraestructura básica.
La definición de las zonas y las obras quedaría en manos de acuerdos entre Nación, provincias y municipios, que tendrían un papel central por su conocimiento de las necesidades locales. La discusión es relevante para ciudades patagónicas que reciben inversiones vinculadas con Vaca Muerta y otros proyectos hidrocarburíferos. El crecimiento de localidades como Añelo muestra la presión que una actividad económica en expansión ejerce sobre el mercado inmobiliario.
El modelo propuesto busca que parte de los beneficios de las inversiones vuelva a financiar viviendas, infraestructura y servicios para quienes sostienen la economía local. Si los incentivos fiscales se limitan a facilitar negocios inmobiliarios, las ciudades pueden crecer con fuertes diferencias entre sus habitantes. La iniciativa intenta responder a la pregunta de quién termina apropiándose de la riqueza que generan los grandes emprendimientos productivos.















