
Cruce en Tucumán por un proyecto de ley para sancionar la difusión de noticias falsas
Política19/11/2026
REDACCIÓNLa Libertad Avanza, en "alerta" por ver la iniciativa una amenaza a la libertad de expresión; su impulsora busca penar la manipulación.



La legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse aclaró que su proyecto para regular la información en campañas electorales no busca perseguir opiniones ni silenciar críticas. La iniciativa tiene como objetivo sancionar la difusión intencional de contenidos falsos o manipulados que puedan engañar a la ciudadanía y alterar el desarrollo de una elección.
Desde La Libertad Avanza de Tucumán manifestaron hoy su “profunda preocupación” y se declararon “en estado de alerta” ante el avance del proyecto, que ya cuenta con dictamen de comisión. Bajo el título “La libertad no se negocia. No nos van a callar”, el espacio calificó la iniciativa como una “grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa”.




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En respuesta a las críticas, Aignasse diferenció el derecho constitucional de la manipulación deliberada. «La libertad de expresión es un derecho constitucional. La mentira deliberada para manipular a los ciudadanos con inteligencia artificial no puede confundirse con ese derecho», afirmó en su cuenta de la red social X.
La legisladora además destacó que “resulta llamativo que La Libertad Avanza denuncie censura cuando existen antecedentes documentados de circulación de noticias falsas, videos manipulados y operaciones de desinformación electoral en redes sociales”. En ese sentido, agregó que su propuesta protege expresamente la sátira y la parodia política.
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El espacio libertario argumentó que la división de poderes es un pilar fundamental del sistema democrático y que cualquier ciudadano ya cuenta con las herramientas legales para acudir a la Justicia si considera vulnerados sus derechos. Por esta razón, sostienen que no es necesario crear nuevos mecanismos que podrían convertirse en “instrumentos de censura o intimidación”.
Por otra parte, desde La Libertad Avanza calificaron como “inadmisible que sea el mismo Gobierno Provincial, mediante un juez, quien pueda determinar qué se puede decir y qué no de manera completamente arbitraria”. Consideraron que ese accionar va en contra de la ley y vulnera un derecho primario de todos los argentinos.
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