
El Senado aprobó una ley que establece desalojos exprés en 72 horas para propiedades usurpadas
Política20/11/2026
REDACCIÓNLa nueva normativa, sancionada con 42 votos a favor, también restituye la Ley de Tierras Rurales y limita la capacidad del Estado para realizar expropiaciones.



Los propietarios de inmuebles usurpados podrán solicitar un desalojo exprés que deberá resolverse en un plazo de 72 horas. Para ello, el juez podrá disponer la entrega inmediata de la propiedad si el derecho invocado es verosímil y se presenta una caución juratoria, además de la prueba documental que acredite la titularidad.
El proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” fue aprobado en el Senado por 42 votos a favor y 26 en contra. La iniciativa restituye la Ley de Tierras Rurales del kirchnerismo y reforma la ley de Desalojo para acortar los tiempos judiciales en la restitución de propiedades con tenencias irregulares.




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Además de La Libertad Avanza, acompañaron la medida los bloques de la UCR, el PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones. En contra se manifestaron el bloque Justicialista, Movere Santa Cruz, La Neuquenidad, Primero los Salteños, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social.
De esta manera, la normativa reafirma los límites del 30% de extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental. También se mantiene el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y áreas de frontera.
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El recorrido legislativo del proyecto fue complejo para el Gobierno, que inicialmente buscaba eliminar la ley de Tierras. Sin embargo, tras eliminar cambios en el manejo del Fuego, la ley de Tierras fue restituida en la Cámara de Diputados ante el temor de una posible derogación del DNU 70/23.
En el caso de los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos, los plazos serán mayores. El propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un período de al menos 10 días corridos para que el deudor pueda ponerse al día.
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Por otra parte, la ley modifica el régimen de expropiaciones, estableciendo que la declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y ser fundamentada claramente por el Estado. Se fijó un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y la tasa de interés a pagar será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
Finalmente, el proyecto también modifica la ley “Pierri” de regularización dominial. Esta reforma permitirá que las familias con una posesión pública de una vivienda única durante los 10 años anteriores puedan acceder a la escritura de la propiedad.















