Senado sancionó nueva Ley de Propiedad Privada y mantuvo límites a extranjeros

Política20/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La norma fue aprobada con 42 votos a favor y 26 en contra, estableciendo procedimientos judiciales más rápidos para desalojos y nuevos criterios para expropiaciones.

Senado de la Nación
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El Senado de la Nación sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 42 votos afirmativos y 26 negativos, tras un debate parlamentario que se extendió por ocho meses. La legislación introduce importantes modificaciones en los procedimientos de desalojo y en los criterios de indemnización por expropiación.

En paralelo, el nuevo marco normativo conserva las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, un punto que generó controversia en la discusión. La propuesta original del Gobierno, impulsada por Federico Sturzenegger, buscaba eliminar gran parte de estas limitaciones, alineándose con el objetivo de un DNU previo de Javier Milei.


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Sin embargo, el texto aprobado en el recinto mantuvo los límites establecidos por la legislación vigente, evidenciando que el Poder Ejecutivo no logró avanzar con su iniciativa en este aspecto. La votación final reflejó las diferencias políticas en torno al proyecto, con el peronismo concentrando la mayoría de los rechazos.

Por otra parte, la ley apunta a agilizar la recuperación de inmuebles por sus propietarios, implementando un procedimiento judicial más rápido. Entre las novedades, incorpora la posibilidad de realizar notificaciones mediante domicilios electrónicos para reducir los tiempos de tramitación en conflictos de restitución.


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Además, se habilita a los jueces a disponer la restitución anticipada de un inmueble si el derecho del reclamante se considera verosímil. Esta medida podrá ordenarse bajo caución juratoria, pero su aplicación dependerá de la evaluación individual que cada magistrado realice sobre las circunstancias del caso.

En cuanto a las expropiaciones, la norma redefine los criterios para el pago de indemnizaciones por parte del Estado. La declaración de utilidad pública de un bien deberá ajustarse a parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, buscando establecer límites claros a la intervención estatal sobre la propiedad privada.


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Finalmente, el monto de la indemnización tomará como referencia el valor del inmueble inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pudiera haber modificado su precio. Este importe deberá actualizarse hasta el momento efectivo del pago, considerando la evolución de los precios y una tasa de interés comercialmente razonable para evitar alteraciones en la base de cálculo.

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