Investigación revela que la falta de apoyos restringe la autonomía de adultos con discapacidad

Actualidad21/11/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Un informe expone las barreras en transporte, trabajo y vivienda para personas con discapacidad y el impacto que la falta de políticas públicas genera en sus familias.

La soledad en adultos mayores. Foto Freepik
La soledad en adultos mayores. Foto Freepik

Para las familias que asumen las tareas de cuidado, la responsabilidad incluye organizar tratamientos, coordinar traslados y reclamar prestaciones. Eugenia, familiar de 63 años, describió esta exigencia como la necesidad de convertirse en “una especie de pulpo” para responder a todas las demandas simultáneamente. El informe advierte que esta situación afecta la salud física y mental, así como las trayectorias laborales de quienes cuidan, una carga que recae principalmente sobre las mujeres.

Estas experiencias fueron relevadas por la Red de Asistencia Legal y Social (RALS) en su investigación titulada «Entre la autonomía y la supervivencia: desafíos en la construcción de la vida adulta de personas con discapacidad con altas necesidades de apoyo en Argentina». El estudio sostiene que en el país no existen políticas públicas suficientes para facilitar el paso a la vida adulta de esta población. Por este motivo, la organización de los cuidados y apoyos termina dependiendo principalmente de las familias y de los recursos económicos de cada persona.


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Uno de los principales problemas identificados en el informe es la infantilización, que desconoce la capacidad de las personas adultas con discapacidad para tomar sus propias decisiones. Durante las entrevistas, Ana, de 53 años y con discapacidad motora e intelectual, expresó su deseo de mayor libertad con un claro pedido. «Yo soy una persona y entiendo (…) Me gustaría que mi mamá me deje ser un poco más libre. Que deje que yo elija lo que quiero hacer», manifestó.

Otro obstáculo central es la falta de una regulación integral de la figura del asistente personal, clave para realizar actividades cotidianas. El estudio advierte que las familias deben gestionar su cobertura ante obras sociales y prepagas, recurriendo en muchos casos a reclamos judiciales. Pablo, de 34 años y residente del Noroeste argentino, lo describió así: «En mi ciudad ni existen los asistentes personales (…) Además, si les pagan, les pagan dos mangos. Y les pagan en seis meses. ¿Qué le puedo exigir yo?».


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Además, la falta de asistencia se combina con barreras físicas y de transporte que limitan la posibilidad de salir del hogar o acceder a actividades culturales. Gabriela Bruno, activista en discapacidad de 49 años del Litoral, describió la dificultad de ir al supermercado. «A mí me encantaría poder ir en la silla de ruedas al súper. Tengo el súper a dos cuadras. Pero es una batalla imposible, porque las veredas no te lo permiten», explicó.

El acceso al empleo es otra dimensión afectada, ya que las personas con altas necesidades de apoyo enfrentan barreras actitudinales y falta de oportunidades. A su vez, las incompatibilidades entre algunas pensiones y el empleo registrado pueden generar temor a perder una fuente de ingresos necesaria para cubrir tratamientos. En este sentido, Ana también manifestó su interés por la independencia económica: «Me gustaría tener un trabajo fijo y poder manejar mi plata yo sola».


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En base a estos testimonios, RALS plantea la necesidad de pasar de una “autonomía de supervivencia” a una “autonomía de derecho”. La primera describe una situación donde existen deseos de independencia, pero no las condiciones materiales ni las políticas para concretarla. La investigación subraya que la autonomía no es realizar todo sin ayuda, sino poder decidir sobre la propia vida contando con los apoyos necesarios.

Entre sus recomendaciones, la organización propone construir un sistema integral de cuidados, regular la figura del asistente personal y desarrollar alternativas habitacionales comunitarias. También plantea garantizar la accesibilidad en espacios públicos, promover la inclusión laboral y revisar las normas sobre incompatibilidades entre empleo y protección social. Se destaca la necesidad de distribuir las tareas de cuidado entre las familias, el Estado y las redes comunitarias.

Las restricciones de accesibilidad también atraviesan la vida afectiva y sexual de las personas con discapacidad. La posibilidad de conocer a otra persona o iniciar una relación puede quedar condicionada por la disponibilidad de transporte y espacios accesibles. A esto se suman prejuicios sobre su deseo y su capacidad para formar una familia.

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