
La normativa, aprobada en Senado, garantiza pensiones y empleo, pero su reglamentación depende de un decreto que Economía podría trabar.



El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la nueva Ley Permanente de Discapacidad en un plazo máximo de 30 días. La norma incorpora una cláusula transitoria que también establece un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores del sector.
La ley fue aprobada por unanimidad en el Senado, pero su implementación genera dudas por el rol que podría jugar el ala dura del Gobierno. Específicamente, se apunta al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como el principal ideólogo de posibles trabas a los beneficios contemplados en la normativa para cuidar las cuentas públicas.




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El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Agustín Monteverde, defendió la sanción de una ley permanente en lugar de una nueva prórroga de la emergencia. «La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo», sostuvo durante el debate.
Existen antecedentes de proyectos aprobados por el Congreso que luego quedaron sin aplicación. Durante 2025, el presidente Javier Milei promulgó las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero no les asignó las partidas presupuestarias correspondientes, argumentando que el Parlamento no determinó las fuentes de financiamiento.
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La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque violeta, impulsó la iniciativa y estará atenta al decreto reglamentario. Una demora o cambios en la disposición podrían generar otro frente de conflicto entre la legisladora y el jefe de Estado, con el año electoral cada vez más cerca.
Entre sus puntos principales, la ley permite que los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) mantengan la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva y el desempeño de un empleo formal. Este beneficio se aplica siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.
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Además, la normativa conserva el principio de nomenclador único y ratifica la actualización automática de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. También garantiza la cobertura médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.
En materia de financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. De esta manera, se busca asegurar la continuidad de los fondos destinados al área.
Por otra parte, la ley crea un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). También se incluye al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
















