La Secretaría Municipal de Turismo de Trevelin ha dado luz verde a la habilitación de "El Huevo del Dragón", un innovador emprendimiento arquitectónico.
Faevyt presenta amparo judicial contra medidas de Milei.
La controversia generada por el reciente Documento de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Javier Milei ha llevado a la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) a tomar medidas legales. Andrés Deyá, presidente de la entidad, había anticipado la presentación de un amparo, y hoy se concreta con la solicitud de declaración de inconstitucionalidad ante la Justicia.
Repudio a la derogación de la Ley 18.829
Una de las principales objeciones planteadas por la Faevyt es la derogación de la Ley 18.829, la cual regula el régimen general de los agentes de viajes. Según Deyá, esta medida impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que cumplen con dicha ley, brindando seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector.
En palabras de Deyá: “La derogación del régimen de agentes de viajes impacta directamente sobre los derechos adquiridos por las empresas de viajes y turismo que, cumpliendo con esta ley, brindan seguridad a los pasajeros y estabilidad al sector”. La eliminación de esta norma, según el DNU, podría propiciar una competencia desleal, permitiendo la intermediación sin controles, lo cual preocupa a la federación por posibles riesgos para los usuarios.
Competencia desleal y falta de control
El dirigente de Faevyt argumenta que la oferta de servicios turísticos sin control alguno posibilita la intermediación sin cumplir con pautas mínimas de legalidad y responsabilidad frente a los usuarios. Advierte sobre el riesgo de estafas y abusos por parte de aquellos que operan en la informalidad, poniendo en peligro la confianza de los consumidores y la integridad del sector.
El amparo presentado por la Faevyt busca defender los intereses de las empresas de viajes y turismo, así como la seguridad y estabilidad del sector, en un contexto de tensiones y cambios legislativos que han generado preocupación en la industria. La Justicia deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si las medidas cuestionadas por la federación son o no constitucionales.
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