SE TRATA PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA EN OBRAS PUBLICAS

Este lunes tomarán estado parlamentario varios proyectos enviados a la legislatura por el gobierno provincial en el llamado a extraordinarias y uno de ellos es el de transparencia en la obra pública, que fuera presentado justamente en la Casa de Gobierno destruida y cuya reconstrucción fue adjudicada a una empresa constructora de Puerto Madryn, que cobró adelantos de obra y no terminó su trabajo. 

En ese momento, el gobernador Torres había indicado que se ejecutarían “todos los seguros de caución” apuntando a la empresa Fabri, adjudicataria de la obra, y anunció que “se terminaron las empresas prebendarias del Estado”.

El proyecto de ley apunta a “la gratuidad de los pliegos de bases y condiciones, así como su publicación en el sitio web de la Secretaría de Infraestructura y Planificación, al igual que todos los procesos de contratación y ejecución de la obra pública. Asimismo, la norma busca limitar los adelantos de obras y multar a las empresas que no cumplen en tiempo y forma con la ejecución de la obra a su cargo”.

En ese marco, anuncian que se “creará un sitio online que se denominará Online Web, para todo el proceso de gestión de obra pública; SIPPE CHUBUT (Sistema Integral de Planificación y Gestión Estratégica)”.

Así es como resaltan que esto “permitirá la trazabilidad, eficiencia y agilidad en todas las etapas y en todo el proceso desde el proyecto, la adjudicación, la ejecución y el control ciudadano. El sitio web permitirá la publicación de todo el proceso de obra pública, incluyendo la posibilidad que las inspecciones de obra queden registradas automáticamente”.

“Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, darán lugar a la aplicación de multas o sanciones que fije el pliego de bases y condiciones, salvo que el contratista pruebe que se debieron a cuestiones justificadas”, con lo cual se apunta a mejorar el cumplimiento de los pliegos de licitación.

Uno de los puntos importantes se refiere a una herramienta que quiere tener el estado contra las empresas incumplidoras, estableciendo que “cuando el total de las multas aplicadas alcance el 15% del monto del contrato, la Administración Pública podrá rescindirlo, por culpa del contratista, reservándose la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que la ruptura contractual y la demora en la ejecución de la obra le genere al Estado”.

Y no deja de lado un ítem que apunta a aquellas empresas, que como la de Puerto Madryn hicieron una metodología de cobro de adelantos de obra para no cumplir, “no podrá superar el 10% del monto del contrato y se amortizará con los certificados de obra por emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo”.

Este lunes toma estado parlamentario, apuntando a su tratamiento en el recinto el viernes 26 de enero.