CHUBUT DEBERÁ PAGARLE SUELDOS CAÍDOS A JUEZA DESTITUIDA

La exjueza Mariel Suárez ganó una demanda contra el Estado Provincial, que ahora deberá pagarle los salarios caídos del 7 de noviembre de 2013 al 31 de agosto de 2015, así como las diferencias salariales desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2018, en concepto del adicional por “permanencia en el cargo”, todo con intereses. Esta decisión se debe al tiempo en que Suárez estuvo desplazada de su cargo debido a un jury que posteriormente se anuló.

El 19 de junio de 2013, se decidió enjuiciar a la exmagistrada de Comodoro Rivadavia, reteniéndole el 50% de sus haberes. El 31 de octubre de 2013, fue destituida. Suárez presentó un amparo contra la Provincia para anular lo actuado por el Consejo de la Magistratura, alegando irregularidades que vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.

En marzo de 2014, un juez falló a su favor, al considerar que el Consejo había violado su derecho de defensa al no notificarla del informe que desaprobaba su desempeño, declarando nula la suspensión y el jury. La Cámara de Apelaciones de Comodoro confirmó esta decisión.

En agosto de 2015, el Superior Tribunal de Justicia dispuso su restitución provisional, y en septiembre de 2016, una sentencia anuló todo el proceso de su destitución. En abril de 2017, el STJ ordenó su restitución definitiva en el cargo, momento en el cual Suárez inició reclamos administrativos por los haberes no percibidos.

Los ministros subrogantes de la Sala Civil del Superior, Guillermo Hansen, Ricardo Hayes y Guillermo Walter, le dieron la razón, explicando que la nulidad del proceso de su destitución implica que "el acto se considera nulo desde su origen, como si nunca hubiera existido". Esto revierte todas las consecuencias jurídicas del acto anulado, restableciendo el estado anterior a su promulgación.

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La consecuencia inmediata de declarar nulo su jury, además de reinstalar a Suárez en su cargo, es reconocerle el pago de los salarios no percibidos durante su separación. “Declarada la nulidad de todo el trámite de su destitución, no existe motivación alguna que sustente la retención de los haberes que no percibió mientras estuvo apartada de su cargo”.

Como jueza, Suárez gozaba de las garantías constitucionales de intangibilidad de sus remuneraciones. Según la sentencia, esta garantía no es "un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado".

La Constitución Provincial establece que los sueldos de los jueces “no pueden ser demorados ni reducidos durante el desempeño de sus funciones por acto de autoridad”, con el objetivo de evitar cualquier intromisión externa en el Poder Judicial, incluidas presiones inadmisibles que podrían ocurrir si se permitiera la pérdida arbitraria de sus empleos o la reducción de sus remuneraciones sin justificación.

Suárez también tiene derecho a cobrar las diferencias salariales por el lapso entre septiembre de 2015 y agosto de 2018, cuando no se le abonó el adicional por “Permanencia en el cargo”. El fallo subraya que "están en juego principios constitucionales que hacen a la debida organización del Estado. No se trata de un clásico reclamo de diferencias salariales, sino de salvaguardar la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados".

El año pasado, Suárez enfrentó un nuevo jury por besarse con un preso en el Instituto Penitenciario Provincial y nuevamente fue destituida.