DOS FISCALES DE COMODORO RIVADAVIA SUMARIADOS

En una sesión virtual celebrada esta semana que pasó, el pleno del Consejo de la Magistratura aprobó el dictamen de la Comisión de Admisibilidad en la denuncia por mal desempeño presentada contra los fiscales Carlos Adrián Cabral y Marcelo Cretton. Como resultado, se les abrió un sumario, y su actuación será investigada, con la posibilidad de que, en el caso más grave, sean sometidos a un jury que podría llevar a su destitución. El instructor sumariante será seleccionado por sorteo la próxima semana.

El dictamen fue presentado por los consejeros Daniela Pili, Lucía González Almirón y Estefanía Alejo, miembros de la Comisión de Admisibilidad. Se aceptó la excusación de la consejera Lucía Pettinari, quien había intervenido previamente en el caso como Defensora Pública Penal, asistiendo técnicamente a Germán Issa Pfister, único sobreseído de los imputados.

La denuncia fue presentada el 16 de abril por el Ministro de Seguridad, Héctor Reinaldo Iturrioz, contra los fiscales Cabral y Cretton, ambos fiscales generales en la oficina única del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, por mal desempeño de sus funciones, según los artículos 15, inciso a, y 16, inciso b, de la Ley V, N°80.

PACIENTE RIONEGRINO CON VIRUELA DEL MONO ESTABLE

Los hechos que sustentan la denuncia se basan en la actuación de los fiscales, quienes solicitaron el sobreseimiento de los funcionarios públicos acusados en la causa conocida como "Emergencia Climática Comodoro Rivadavia". Según el ministro, la petición de sobreseimiento fue infundada y no se realizó un análisis exhaustivo de la evidencia disponible, lo que constituyó un incumplimiento de los deberes fundamentales que impone la legislación vigente. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal establece la obligación de actuar con apego a los principios de legalidad, objetividad y unidad de actuación.

El sobreseimiento en derecho penal se refiere a la decisión judicial de finalizar un proceso penal, ya sea de manera definitiva o temporal, sin que se haya resuelto el fondo del asunto. Esto ocurre cuando no hay elementos suficientes para probar la responsabilidad penal del imputado o cuando la acción penal no puede continuar por razones legales. El sobreseimiento puede ser solicitado por las partes (defensa, fiscalía) o decidido de oficio por el juez o tribunal. Los consejeros se preguntan si las pruebas en la causa justificaban el sobreseimiento de los acusados y si existió mal desempeño por parte de los fiscales denunciados. Por lo tanto, consideran que es necesario investigar la denuncia y abrir un sumario.

La Denuncia

La denuncia de Iturrioz se originó en el contexto de la investigación por supuestos pagos indebidos realizados por el erario municipal de Comodoro Rivadavia, en relación con la remoción de sedimentos durante la emergencia climática que afectó a la ciudad. La investigación reveló que la contratación de equipos viales para la remoción de lodo se realizó antes del inicio de las lluvias que causaron graves daños en la ciudad. Se documentó y certificó el trabajo de maquinaria inexistente, operada por trabajadores que, según los registros, trabajaron jornadas de 24 horas durante al menos 15 días consecutivos.

Sin embargo, estos trabajadores fueron entrevistados y negaron haber operado la maquinaria o incluso haber trabajado en Comodoro Rivadavia. Según la denuncia, los trabajos falsamente documentados fueron certificados por funcionarios públicos denominados "Supervisores MCR", quienes supuestamente supervisaban en el terreno, pero se comprobó que estos controles no se realizaban, según reconoció en dos ocasiones el ex Secretario de Servicios a la Comunidad e imputado en la causa, Rubén Palomeque.

Iturrioz afirma que se determinó con precisión la suma de dinero que representó el perjuicio económico en cada uno de los 36 hechos en los que se basó la atribución jurídica. Además, la abundante prueba testimonial e informática evidenció un acuerdo entre quienes debían proteger el interés público y los empresarios beneficiados por las maniobras fraudulentas.

Cuando todo estaba listo para iniciar el juicio, y se habían citado a los testigos, se informó públicamente que el fiscal Adrián Cabral, con el respaldo del Fiscal Jefe de Comodoro Rivadavia, Marcelo Cretton, había solicitado el sobreseimiento de los funcionarios públicos acusados en la causa. Esta solicitud se basó en presuntas falencias probatorias insalvables, según su criterio, y en la imposibilidad de presentar nueva evidencia debido al avanzado estado de la causa. Además, indicaron que existía la posibilidad de acordar una salida alternativa a la sanción penal, como la suspensión del juicio a prueba, con los empresarios acusados de fraude al Estado municipal.

Para el ministro, esta medida fue extemporánea y desatendió la abundante evidencia disponible, ignorando hitos relevantes en la tramitación de la causa y basándose en argumentos carentes de fundamento. En consecuencia, sostiene que al solicitar el sobreseimiento de los funcionarios públicos sin un análisis exhaustivo de la evidencia, los fiscales denunciados incumplieron los deberes fundamentales que les impone la legislación vigente.