CAMBIOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

Mediante el decreto 832/2024, el Gobierno realizó cambios significativos en el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA), regulando el transporte de cargas en la Argentina.

Tal como lo indica la nueva normativa, “se entenderá que existe transporte por automotor de cargas cuando la capacidad de carga del vehículo afectado a la actividad sea igual o superior a la suma de setecientos (700) kilogramos”.

La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, fue oficializada con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 832/2024 y establece que el proceso de inscripción al Registro Único del Transporte Automotor, más conocido como RUTA, será de ahora en más electrónico, declarativo, sin costo y no exigirá presencialidad.

Para aquellos que todavía se vean alcanzados por la obligatoriedad del trámite podrán circular con el documento RUTA en formato digital. Según indica la web oficial de la cartera de Transporte, inscribirse a dicho registro implica un descuento en las tasas por transferencia de los vehículos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

“Cabe destacar que en el término de 60 días se desarrollarán, para la implementación de las medidas, las actualizaciones tecnológicas necesarias. 

Beneficios y objetivos: El Gobierno busca reducir la burocracia, facilitar el acceso al registro y mejorar la competitividad del sector. El Ministro de Economía, Luis Caputo, y el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacaron que estos cambios simplificarán y abaratarán el proceso para las empresas de transporte.

Documentación requerida: Para el transporte interjurisdiccional se deben presentar documentos como la constancia de inscripción en RUTA, la revisión técnica obligatoria, licencia de conducir vigente, documentos de transporte, cédula de identificación del automotor, seguros obligatorios y, en caso de cargas peligrosas, la documentación específica.

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“En el caso de las empresas de transporte que se encuentren prestando servicios públicos urbanos, que inicien y terminen sus recorridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán continuar operando con los permisos otorgados oportunamente por el Estado Nacional hasta que la ciudad, en ejercicio de su exclusiva competencia, determine los distintos aspectos de su regulación”, se detalló.