ARGENTINA CONDENADA POR MANIPULACIÓN ESTADÍSTICA

La Corte Suprema británica rechazó una apelación de Argentina, condenando al país a pagar 1.300 millones de euros a bonistas por la alteración de datos en 2013.

ActualidadAyerREDACCIÓNREDACCIÓN
INDEC
Argentina deberá pagar 1.300 millones de euros por manipular estadísticas del PBI en 2013.

La Justicia británica condenó a Argentina a pagar 1.300 millones de euros a bonistas internacionales por la manipulación de las estadísticas públicas en 2013. Esta sentencia finalizó un largo proceso judicial, y el país deberá también afrontar los intereses generados.

El fallo surgió de una demanda presentada por fondos de inversión que poseían títulos emitidos durante el canje de 2005. Estos bonos otorgaban beneficios adicionales a los acreedores si el PBI de Argentina crecía por encima del 3,3% anual.

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Sebastián Maril, especialista en finanzas, informó a través de la red social X que “Argentina pierde la apelación en la Corte Suprema del Reino Unido”. La ejecución del fallo incluye la garantía de 313 millones de euros que el país había depositado previamente en una cuenta bajo una Carta de crédito del banco Santander.

La controversia judicial se originó cuando los bonistas reclamaron que Argentina alteró los cálculos del PBI en 2013 para evitar que superara el 3,3% y así evadir el pago adicional. Esta manipulación de datos coincidió con la gestión económica de Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, y Guillermo Moreno, quien tenía un papel central en el INDEC.

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El conflicto en cuestión apunta a que el PBI de 2013 fue calculado de manera tal que el crecimiento del último trimestre alcanzó el 3,2%, justo por debajo del umbral que obligaba al pago de los bonos.

El gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, ahora enfrenta la decisión de si pagará el monto establecido por la Justicia británica, que asciende a 1.330 millones de euros con los intereses.

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Los fondos de inversión demandantes alegaron que Argentina buscó modificar los datos del PBI con el objetivo de evitar los pagos a los bonistas, violando los acuerdos originales del canje de deuda de 2005. Estos bonos estipulaban que los acreedores recibirían pagos adicionales si el país alcanzaba determinados niveles de crecimiento económico.

El tribunal británico falló a favor de los bonistas, estableciendo que el país actuó de mala fe al alterar las estadísticas económicas. En consecuencia, Argentina fue condenada a compensar a los inversores perjudicados.

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Maril también subrayó que, además del pago directo, el caso tiene implicancias en los futuros compromisos de Argentina con los mercados internacionales, ya que se pone en cuestión la confiabilidad de los datos económicos del país.

La Cámara de Diputados deberá discutir las repercusiones del fallo en los próximos días, mientras el Ministerio de Economía analiza posibles alternativas de pago.

   

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