DESCUBREN QUE 200 PRESOS PERCIBÍAN PENSIONES POR INVALIDEZ

El gobierno nacional reveló que más de 200 presos recibían pensiones de la Anses por invalidez de manera irregular. La justicia investiga el fraude.

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Corrección de ANSES en asignación por discapacidad
ANSES en asignación por discapacidad

El gobierno de Javier Milei denunció que más de 200 presos cobraban pensiones por invalidez laboral, en una revelación que destapó el mal uso de fondos públicos. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó la situación tras cruzar datos con el Ministerio de Seguridad.

El operativo de ANDIS detectó 212 casos de presos, procesados y condenados que recibían el beneficio. La irregularidad incluye a personas que no deberían acceder a estas pensiones por su estatus judicial. Las auditorías de ANDIS llegaron a los tribunales de Comodoro Py.

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Entre los casos más impactantes, figura un hombre de La Matanza que obtuvo la pensión solo tres días después de solicitarla, sin cumplir los requisitos. Otro caso es el de un preso de Quilmes, quien, pese a estar bajo prisión domiciliaria, recibió la pensión en un tiempo récord de seis días.

La ex directora de Apoyo y Asignación Económica, Paula Martínez, está en la mira por la falta de control en su gestión. Durante su administración, se manejaron 3.400 millones de dólares en pensiones, y en los últimos días del mandato de Alberto Fernández, se otorgaron miles de beneficios.

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El fiscal Guillermo Marijuán investiga el cambio en la normativa que flexibilizó los controles y permitió estas irregularidades. Martínez lideró operativos de "abordajes territoriales" para sumar beneficiarios, entregando certificados y promocionando actividades con autoridades locales.

El escándalo también expuso que 331 prófugos cobraban pensiones. De ellos, 33 fueron denunciados a la justicia y 14 capturados en un solo operativo. Este descubrimiento profundiza la crisis en la ANDIS y su credibilidad.

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Diego Spagnuolo, actual titular de ANDIS, advirtió que la cifra de beneficiarios irregulares podría aumentar, ya que cada provincia maneja datos propios de sus presos y procesados. El gobierno ya suspendió estos pagos irregulares.

La gestión de Martínez, conocida por sus vínculos con el ex presidente Alberto Fernández, es ahora objeto de un intenso escrutinio judicial. Las autoridades buscan esclarecer cómo funcionaba este sistema y quiénes se beneficiaron de la falta de controles.

   

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