ÑOQUIS CALIENTES: SIGUE LA RONDA DE TESTIGOS

Este lunes se presentará una decena de testigos convocados por la defensa de los imputados en la causa “Ñoquis Calientes”. Investigan presunta corrupción.

Policiales15/12/2024Sergio BustosSergio Bustos
torres otarola declara
Sigue el juicio contra la ex ministra.

El juicio oral y público por la causa penal “Ñoquis Calientes” continuará este lunes con nuevos testimonios. Siete imputados enfrentan cargos relacionados con designaciones irregulares en el Ministerio de Familia.

Los abogados defensores, Romano Cominetti y Florencia Barbas, presentaron a una decena de testigos para respaldar su teoría del caso. Estos testimonios buscarán desacreditar las acusaciones formuladas por la fiscalía.

El viernes pasado declararon los testigos de la parte acusadora, liderada por el fiscal general Omar Rodríguez. Analía Acuña y Diego Moya también integran el equipo de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública.

Entre los testimonios destacados estuvo el perito caligráfico Cristian Cayún. Cayún confirmó la falsificación de la firma de Branco Rodera Neira en documentos oficiales. Esto refuerza las sospechas de irregularidades administrativas.

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Otro testigo clave fue Carlos Romero, quien trabajó en tareas administrativas del Ministerio de Familia. Su declaración aportó detalles sobre los legajos y designaciones de los imputados.

Romero indicó que los decretos de designación no especificaban tareas concretas y estaban vinculados a la exministra Cecilia Torres Otarola. También reveló que varios imputados tenían domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las testigos analizó el organigrama del Ministerio de Familia. Su testimonio expuso desplazamientos laborales y reasignaciones de funciones realizadas durante la gestión de Torres Otarola.

La testigo Irene Gigena, jubilada del Estado provincial, destacó la falta de conocimiento sobre los imputados. Solo recordó haber visto a Jackeline Rodera durante su paso por el ministerio.

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Gigena relató el intenso trabajo que realizó en la Dirección de Economía Social durante la pandemia. Mencionó conflictos internos y la ausencia de ciertos funcionarios en tareas asignadas.

El juicio busca esclarecer si hubo irregularidades en las designaciones dentro del Ministerio de Familia. Los fiscales intentan demostrar la existencia de cargos “fantasmas” sin funciones reales.

La defensa sostiene que las designaciones se ajustaron a procedimientos legales y niega la existencia de irregularidades. Los testimonios del lunes serán determinantes para evaluar esta postura.

El proceso judicial ha captado la atención pública debido a la relevancia política de los implicados. Torres Otarola, exministra de Familia, es una de las figuras más señaladas en la causa.

La fiscalía sostiene que Torres Otarola utilizó su cargo para realizar designaciones irregulares en beneficio personal. Estas acusaciones incluyen a familiares y allegados sin residencia en la provincia.

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El juicio también analiza cómo estas designaciones impactaron en la administración pública provincial. Los fiscales buscan establecer un patrón sistemático de abuso de poder.

Se prevé que el juicio continúe durante varias semanas más. Los testigos convocados por ambas partes seguirán aportando información relevante para esclarecer los hechos.

El desenlace de este proceso podría sentar precedentes en materia de corrupción administrativa. Las autoridades provinciales también estarán pendientes de las conclusiones.

La opinión pública se encuentra dividida entre quienes apoyan las investigaciones y quienes cuestionan la celeridad del proceso. Este caso es visto como una oportunidad para fortalecer los controles en la administración pública.

Los implicados enfrentan posibles sanciones económicas y penales de comprobarse los delitos. Sin embargo, la defensa buscará demostrar la inocencia de los acusados en las próximas audiencias.

El juicio continuará aportando datos que permitan esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados. La expectativa de justicia sigue siendo el principal clamor ciudadano.

   

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