IMPUTAN FORMALMENTE A EVO MORALES Y PIDEN SU DETENCIÓN

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que presentó una imputación formal contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma (2006-2019), por presuntos delitos de trata de personas agravada y estupro de una menor de edad, con quien supuestamente tuvo un hijo. La acusación también involucra a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima.

Según la denuncia, la joven habría sido entregada a Morales por sus padres a cambio de "favores", un hecho que habría ocurrido mientras formaba parte de un grupo juvenil denominado "Generación Evo", creado durante la presidencia del exmandatario. La fiscal solicitó también la emisión de una alerta migratoria contra Morales y Pozo, con el fin de restringir posibles movimientos internacionales.

Una orden de captura que no se ejecuta

Gutiérrez recordó que la orden de aprehensión contra Morales fue emitida el pasado 16 de octubre, pero no ha podido ejecutarse debido a varios factores, como el apoyo de su base social y los bloqueos de carreteras realizados en su defensa, especialmente en el Chapare, considerado bastión político y sindical del exmandatario.

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“Policías de inteligencia realizaron operativos en Villa 14 de Septiembre, donde Morales declaró tener domicilio, pero constataron que no estaba ahí”, explicó Gutiérrez. Además, mencionó que los agentes enfrentaron riesgos de seguridad al intentar ingresar a la región durante las protestas, donde varios efectivos resultaron golpeados y heridos.

En un informe leído por la fiscal, la Policía sostuvo que la ejecución de la orden presenta “riesgos técnicos y operativos significativos” debido a la resistencia de los seguidores de Morales, quienes lo han protegido, según él mismo declaró, con una guardia de 500 personas.

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“Acá no hay nada político. Estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones ante el juez”, enfatizó Gutiérrez, quien previamente había sido apartada de su cargo por el exfiscal general Juan Lanchipa tras emitir una orden de captura contra Morales. Gutiérrez fue restituida días después, mientras Lanchipa presentó su renuncia.

Por otro lado, en Argentina, Morales enfrenta una investigación paralela por los delitos de trata de personas y abuso sexual, presuntamente cometidos durante su estadía en ese país en 2019, cuando recibió asilo político bajo la presidencia de Alberto Fernández.