PRISIÓN PREVENTIVA POR CORRUPCIÓN PARA EX FUNCIONARIO DE CHUBUT

El fiscal Nicolás Vasiliev y la funcionaria de Fiscalía Eugenia Castro solicitaron formalmente la investigación de Mauro Ariel Palma Larreburu, ex Jefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de la provincia de Chubut, por el presunto delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Este pedido se realizó en el marco de una audiencia en la que se solicitó además la prisión preventiva del imputado, quien fue detenido por orden judicial el día anterior.

Durante la audiencia, Palma Larreburu intentó recuperar su libertad mediante un planteo de inmunidad de arresto por fueros sindicales, lo que fue rechazado tanto por la Fiscalía como por la jueza Silvana Vélez. En cuanto a la prisión preventiva, el fiscal Vasiliev había solicitado que se dictara por un plazo de tres meses, pero la jueza resolvió establecerla por quince días para facilitar el avance de las primeras medidas de investigación.

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La fiscalía sostiene que los hechos investigados habrían tenido lugar entre 2015 y 2024, mientras Palma Larreburu se desempeñaba como funcionario público en el sector de Servicios Públicos de la provincia. La acusación indica que el ex funcionario habría su cargo para llevar a cabo contrataciones ilícitas, vinculadas con actividades que caían bajo su responsabilidad, como la operación de la Estación Transformadora El Coihue y el mantenimiento de líneas eléctricas en la región. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habría aprovechado de los recursos públicos para beneficiar a sus intereses personales, mediante vínculos con empresas.

En su solicitud de prisión preventiva, el fiscal Vasiliev advirtió que existían riesgos de fuga, así como de entorpecimiento de la investigación, ya que Palma Larreburu habría creado empresas para beneficiarse de recursos estatales y podría estar en condiciones de influir en testigos, peritos o coimputados.

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La jueza Vélez coincidió en que había suficientes elementos de convicción para acreditar la probabilidad de autoría del imputado en los hechos. Además, consideró el perjuicio económico al Estado y la relevancia del hecho dado que se trata de un servicio público crucial como la energía eléctrica.

Con este escenario, se determinó que la prisión preventiva fuera de quince días y dejó abierta la posibilidad de extenderla si la investigación lo requiere.