La aerolínea de bajo costo pagó $300 millones por cancelaciones y ahora busca que la sanción sea declarada nula. Alega ilegalidad y falta de competencia de la Provincia.
Actualidad24/02/2025
Sergio Bustos
La aerolínea low cost Flybondi anunció que demandará a la Provincia de Buenos Aires luego de haber abonado una multa de $300 millones impuesta por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial. La sanción fue consecuencia de cancelaciones y suspensiones masivas de vuelos que afectaron a más de 2400 pasajeros bonaerenses.
La multa fue aplicada por la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, argumentando que la empresa no garantizó el cumplimiento de sus servicios y generó perjuicios a los usuarios. Sin embargo, desde la aerolínea aseguran que la sanción es ilegítima y que el pago fue realizado bajo presión.
Según Flybondi, la penalización vulnera el principio de inocencia y atenta contra garantías constitucionales que protegen el derecho a la defensa en juicio. La compañía considera que no se le permitió una instancia justa de apelación, lo que la llevó a judicializar el caso para buscar la nulidad de la sanción.
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Uno de los principales argumentos de la low cost es que la Dirección Provincial de Aeronáutica no tiene competencia sobre su actividad, ya que la regulación del transporte aéreo en Argentina depende de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La empresa cita fallos de la Corte Suprema de la Nación y de la Suprema Corte bonaerense que, en casos anteriores, ratificaron que la autoridad de aplicación es ANAC y no el gobierno provincial.
Flybondi también reclama falta de claridad en la cantidad de denuncias y exige que se identifique a los pasajeros afectados. “No se nos informó quiénes son los denunciantes ni cuántos reclamos se presentaron”, aseguraron sus representantes legales.
La crisis que llevó a la sanción comenzó a fines de 2024, cuando Flybondi canceló 384 vuelos y reprogramó otros 700 solo en el mes de noviembre. La compañía argumentó que la falta de aviones operativos y problemas logísticos fueron los causantes de estas irregularidades.
El malestar de los pasajeros creció, ya que muchos viajes fueron reprogramados con poca anticipación o directamente cancelados sin una solución rápida. Los afectados elevaron quejas a organismos de defensa del consumidor, lo que derivó en la intervención del gobierno bonaerense.
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No es la primera vez que Flybondi enfrenta sanciones. A mediados de 2024, el gobierno nacional le exigió presentar un plan de adecuación debido a reiteradas fallas operativas. En ese momento, la empresa cumplió parcialmente con las condiciones impuestas, lo que le permitió evitar una multa de $200 millones y la quita de rutas.
En el marco de la nueva demanda, Flybondi busca evitar que este caso siente un precedente que le permita a la Provincia de Buenos Aires aplicar futuras sanciones similares. La empresa sostiene que las normativas de transporte aéreo deben ser aplicadas por organismos nacionales y no provinciales.
El conflicto legal podría generar un impacto en la operación de la compañía. Si la Justicia rechaza su planteo, Flybondi deberá continuar bajo el control de la Dirección Provincial de Aeronáutica y podría enfrentar nuevas penalizaciones en el futuro.
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Mientras tanto, los pasajeros siguen siendo los más perjudicados. Usuarios afectados por cancelaciones anteriores aseguran que no recibieron indemnizaciones adecuadas ni respuestas rápidas de la aerolínea. La falta de transparencia en el manejo de reclamos es una de las críticas más fuertes.
Desde el Ministerio de Producción bonaerense defendieron la sanción impuesta. “No se trata solo de cancelaciones, sino de una empresa que no cumple con sus compromisos y deja a los pasajeros sin respuestas”, indicaron fuentes oficiales.
El fallo de la Justicia será clave para definir el alcance de la responsabilidad de Flybondi y de la Provincia. Si la empresa logra revertir la multa, se abriría un debate sobre el rol de las provincias en la fiscalización del transporte aéreo.
Mientras tanto, el gobierno nacional sigue de cerca la situación. ANAC ya advirtió que Flybondi deberá mejorar su operatividad para evitar sanciones más graves, como la suspensión de su matrícula.
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La aerolínea insiste en que su modelo de negocios sigue siendo viable y que continuará con su plan de expansión en el país. Sin embargo, el impacto económico de esta sanción y la incertidumbre legal podrían afectar sus planes a corto plazo.
El próximo paso será la presentación formal de la demanda. Los abogados de Flybondi preparan la documentación para llevar el caso a la Justicia y obtener la nulidad de la multa.
Los pasajeros que se sintieron perjudicados siguen esperando soluciones. La falta de respuestas concretas por parte de la empresa genera incertidumbre sobre la política de compensaciones que aplicará en el futuro.
La batalla judicial entre Flybondi y la Provincia de Buenos Aires podría extenderse por meses, con consecuencias que aún son difíciles de prever.
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