La reforma jubilatoria genera inquietud entre productores patagónicos por el impacto fiscal

Con la moratoria previsional ya sin vigencia y una reunión clave convocada para el 9 de abril en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la discusión sobre cómo incluir a quienes no llegan a los 30 años de aportes se reactivó en el Congreso. Distintos bloques opositores impulsan proyectos para evitar que miles de personas queden fuera del sistema, pero el Gobierno libertario ya dejó en claro que no aceptará ninguna medida que implique un aumento del gasto.

Aunque el foco está puesto en el futuro de los jubilados, la preocupación se extiende más allá de la política previsional. Desde sectores productivos, como los vinculados a la agroindustria y la energía en la Patagonia, empieza a crecer la inquietud por las consecuencias que una eventual expansión del gasto podría tener en la hoja de ruta económica. En voz baja, algunos referentes advierten que un posible desfinanciamiento del sistema podría derivar en nuevas cargas impositivas o ajustes indirectos sobre sectores que hoy traccionan actividad en la región.

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El Gobierno fue tajante. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que vetarán cualquier proyecto que “no establezca cómo se financia” y aseguró que las moratorias “generaron caos y desfinanciación”. Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también dejaron trascender que no habrá apoyo libertario para ninguna propuesta de este tipo, aunque reconocen que la presión social puede crecer.

En tanto, bloques opositores como Unión por la Patria, la izquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica y otros espacios intermedios presentaron diversas iniciativas. Algunas buscan reinstalar la moratoria, otras proponen una jubilación proporcional o una mejora en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Todas coinciden en un punto: evitar que las personas que no reúnen los aportes necesarios queden excluidas del sistema.

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El debate técnico incluye variantes como otorgar una prestación equivalente al 70% de la jubilación básica con ajustes por años aportados o ampliar los beneficios sin necesidad de evaluar la situación socioeconómica. Pero el debate político gira en torno al impacto que cualquier medida tendría en las cuentas públicas, en plena etapa de ajuste y con negociaciones sensibles en curso con el Fondo Monetario Internacional.

Los sectores productivos de la Patagonia siguen de cerca la discusión. “Hoy los márgenes son muy estrechos. Cualquier movimiento fiscal que desequilibre puede impactar en subsidios, obras o beneficios regionales que se sostienen con aportes nacionales”, comentaron desde una cámara empresarial del Golfo San Jorge.

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La posibilidad de que se apruebe alguna de estas medidas dependerá de la capacidad de la oposición para unirse y forzar su tratamiento en el recinto. Sin embargo, incluso si logra avanzar en comisión, el oficialismo podría bloquearlo en la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, o directamente vetarlo si llega al Ejecutivo.

Fuente: Infobae