La justicia de Rawson vivió una jornada tensa y cargada de controversias. La jueza Eve Ponce condenó a seis personas por los ataques registrados el 16 de diciembre de 2021. El fallo, de casi 80 páginas, marcó responsabilidades penales pero también expuso fallas en la actuación de la Fiscalía.
El caso generó conmoción social desde el inicio. Aquella tarde, una protesta contra una ley generó disturbios violentos. Más de 300 personas atacaron edificios públicos. La Legislatura y la Casa de Gobierno fueron blanco del fuego y los destrozos. La policía no logró contener la situación.
Durante el juicio oral, la jueza escuchó testigos, revisó pruebas y tomó nota de las omisiones. Declaró culpables a Lucas Espinosa, Mauricio Vargas, Lourdes Molina, Damián Díaz, Nicolás Díaz y Gastón Velázquez. Fueron hallados responsables de incendios, daños y hurtos agravados.
Brian Díaz y Lautaro “El Terri” Martínez fueron absueltos por falta de pruebas. El segundo apareció sin vida el mismo día de la audiencia. Su fallecimiento generó dudas sobre la continuidad del proceso. Sin embargo, la magistrada decidió continuar con la sentencia.
La Oficina Judicial desplegó un fuerte operativo de seguridad. Hubo vallas, custodia y controles. La militancia no acompañó masivamente. El debate se desarrolló en un clima frío, casi sin público. La jueza no demoró su lectura y fue clara en su resolución.
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El aspecto más cuestionado del proceso fue la actuación de la fiscal Florencia Gómez. La jueza declaró inválido su alegato final por falta de fundamentación. No explicó el motivo de los pedidos de pena. No justificó ni agravantes ni atenuantes.
“No se puede condenar sin argumentos”, escribió Ponce en su fallo. La fiscal se remitió en forma general a la acusación original. No analizó los hechos ventilados en el debate. No explicó los años de prisión que pidió para cada imputado.
El defensor público Miguel Moyano advirtió la gravedad del error. “Es la primera vez que escucho esto”, dijo. Calificó el fallo como arbitrario y anunció una apelación. Señaló que lo no hecho en debate no puede subsanarse después.
“Los tiempos para actuar son los del litigio”, afirmó Moyano. Dijo que la audiencia de cesura no puede servir para corregir omisiones. Advirtió que la jueza no puede invadir derechos del imputado. Criticó que se le dé otra oportunidad a la fiscal.
La jueza ordenó realizar una nueva audiencia. En ese espacio, Gómez deberá explicar uno por uno sus pedidos de condena. Tendrá que justificar por qué no pidió el mínimo legal en algunos casos. También deberá argumentar con pruebas concretas.
La fiscal Florencia Gómez aseguró que mantendrá su posición. Dijo que pedirá las mismas penas solicitadas durante el debate. Afirmó que la sociedad repudia estos hechos y que no deben repetirse. Justificó su accionar por el contexto del expediente.
“Tomé la causa dos años y medio después de iniciada”, explicó. Añadió que debió sobreseer a varios imputados por errores previos. Sostuvo que llevó a juicio sólo a quienes consideró responsables. Reafirmó que hubo seis hechos probados.
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El pedido de penas fue el siguiente: seis años de prisión para Mauricio Vargas; cuatro años para Gastón Velázquez; tres años para Nicolás Díaz; dos años para Lourdes Molina; un año y ocho meses para Damián Díaz y para Lucas Espinosa.
Las condenas no se harán efectivas hasta que se realice la audiencia de cesura. Ese día se definirá si los argumentos de la fiscal cumplen los requisitos legales. Si no lo hacen, las defensas podrían avanzar con nuevas nulidades.
Moyano aclaró que la cesura es un derecho del imputado, no de la fiscalía. Remarcó que la jueza no puede usarla para corregir fallas del Ministerio Público. Aseguró que apelará ante la Cámara Penal por violaciones al debido proceso.
La jueza también remitió pruebas a la Procuración General. Durante el juicio aparecieron fotos y videos no incorporados por la fiscalía. Mostraban a otras personas cometiendo delitos durante los disturbios. Algunas estaban encapuchadas.
El procurador Jorge Miquelarena deberá analizar esas imágenes. Si encuentra elementos suficientes, podrá iniciar nuevas causas. El fallo abrió esa posibilidad. La jueza indicó que los ataques excedieron cualquier operativo de seguridad previsto.
El juicio reveló el alcance limitado de la acusación. El fallo reconoció que participaron al menos 300 personas. Sólo ocho llegaron a juicio. La justicia ahora deberá revisar esa diferencia. La sociedad exige que todos los responsables rindan cuentas.
Los familiares de los condenados criticaron la sentencia. Consideraron que fue política y direccionada. Apuntaron contra los medios y contra la fiscalía. Pidieron que se revise todo el proceso. Algunos hablaron de persecución.
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El caso dividió a la opinión pública. Una parte vio justicia. Otra vio arbitrariedad. La falta de fundamentos de la fiscal reforzó esa grieta. La resolución de la audiencia de cesura será clave para definir la validez del proceso.
La jueza fue contundente. No permitió improvisaciones. Exigió rigor. Recordó que la ley obliga a fundamentar cada paso. Expresó que no puede dictar condenas basadas en pedidos sin sustento. Señaló que la fiscal ignoró esa exigencia.
El Ministerio Público Fiscal quedó expuesto. La actuación de Gómez fue el centro de la crítica judicial. La defensa también la cuestionó. El Poder Judicial deberá evaluar si esa fiscal está en condiciones de sostener causas complejas.
El fallo ya genera repercusiones dentro del ámbito judicial. Abogados, jueces y fiscales lo analizan como un caso testigo. La exposición mediática y la gravedad institucional lo convirtieron en un antecedente fuerte.
La sociedad también mira con atención. Espera justicia. Espera transparencia. Exige profesionalismo en cada área del Estado. Los hechos de diciembre de 2021 dejaron heridas. El juicio intenta cerrarlas, pero aún no lo logra.
El sistema judicial enfrenta una prueba. Deberá demostrar que puede corregir errores sin vulnerar derechos. La Cámara Penal tendrá la palabra. También la fiscalía. La jueza ya habló. Y fue clara: “No hubo fundamento. No hubo pena posible”.
