Denuncian penalmente a un vicegobernador por presunta malversación de fondos públicos

La vocal por la minoría política en el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, doctora Karina Saúl, presentó el pasado 29 de abril una denuncia penal contra el vicegobernador Fabián Leguizamón. La presentación judicial fue radicada en la Fiscalía N.º 2 de Río Gallegos y se basa en los resultados de dos auditorías que habrían detectado numerosas irregularidades en el uso de fondos públicos en la Cámara de Diputados de la provincia.

Según detalló Saúl, los informes del organismo de control revelan desvíos y gastos injustificados por un monto total estimado en más de 56 millones de pesos. Las acusaciones contra el vicegobernador incluyen fraude a la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales y adulteración de documentos.

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Entre los puntos más cuestionados figuran el uso indebido del Fondo Rotatorio de la Legislatura, alquileres abonados con dinero público para inmuebles que estarían vinculados al propio Leguizamón, aportes a fundaciones de dudosa existencia, y contrataciones de publicidad sin respaldo documental. También se incluye como irregular el pago de una campera como “regalo protocolar” al gobernador Claudio Vidal, por una suma cercana a los $370.000.

Las auditorías, realizadas entre enero y agosto de 2024, fueron ordenadas mediante resoluciones del Tribunal de Cuentas y revelaron deficiencias en contrataciones, documentación incompleta, facturas con fechas previas a los trámites administrativos y gastos sin urgencia que debieron haberse realizado mediante otros mecanismos legales.

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Ante la falta de respuestas por parte de la Cámara de Diputados, el Tribunal solicitó reiteradamente documentación que no fue entregada o fue enviada de manera parcial, lo que llevó a la vocal a judicializar el caso.

Además de Leguizamón, la denuncia incluye la responsabilidad administrativa de otros funcionarios de la Cámara, quienes ya fueron sancionados con multas y se recomendó el embargo de sus haberes hasta la restitución total del daño.

Fuente: Señal Calafate, Tiempo Sur