Chubut: se vota la creación de la empresa provincial de energía y la intervención al Ente Regulador

Política07/05/2025REDACCIÓNREDACCIÓN
Proyectos de Ley
Proyectos de Ley

Este jueves, la Legislatura del Chubut debatirá en sesión dos proyectos de ley de alto impacto político e institucional. Se trata de la creación de una nueva Política Electro Energética Provincial, con eje en la soberanía sobre los recursos naturales, y la intervención del Ente Regulador de Servicios Públicos, que será auditado durante un año con control total del Ejecutivo.

Ambos proyectos —el N.º 047/25 y el N.º 057/25— ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión Permanente de Infraestructura, Servicios Públicos, Integración Regional e Internacional, que introdujo modificaciones técnicas y respaldó su sanción tras el análisis en comisión.


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Una ley para transformar la matriz energética

El proyecto de ley N.º 047/25 crea la Política Electro Energética Provincial con una estructura legal innovadora. Plantea como ejes la descentralización, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales, la participación ciudadana, y el fortalecimiento del rol estatal en la generación, transporte y comercialización de la energía eléctrica.

Para ello, establece dos nuevas instituciones:

☑️EPECH S.A. (Empresa Provincial de Energía del Chubut): una sociedad estatal con competencia directa sobre todo el sistema eléctrico, incluyendo la operación, planificación y comercialización.

☑️MEMCH (Mercado Eléctrico Mayorista del Chubut): un nuevo espacio de transacciones energéticas dentro del territorio provincial, que permitirá contratos a término, mercado spot y comercialización directa, incluida la de regalías hidroeléctricas.


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El texto incluye además el diseño de un Plan de Desarrollo Electro Energético, evaluaciones ambientales obligatorias, un sistema provincial de información energética, un esquema de certificación de eficiencia para usuarios, y el impulso a tecnologías de almacenamiento, en especial el hidrógeno verde.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, que asumirá la coordinación integral del sistema.

También se invita a los municipios a adherir al sistema tarifario fijado por el ENRE y al nuevo mercado eléctrico provincial, garantizando tarifas sustentables y racionalidad económica con perspectiva territorial.

Auditoría al Ente Regulador

El segundo proyecto, el N.º 057/25, dispone la intervención por 365 días del Ente Regulador de Servicios Públicos (creado por Ley I N.º 196). La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de sanear y reestructurar el organismo.


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Según el dictamen, el interventor designado por el Ejecutivo tendrá todas las atribuciones del Consejo Directivo del Ente y deberá:

☑️Auditar el estado financiero, contable y contractual del organismo.
☑️Llevar adelante acciones legales conforme al artículo 69 de la Constitución Provincial.
☑️Ejecutar las acreencias impagas a favor del Ente en concepto de tasa regulatoria (Art. 14, inc. a) de la Ley I N.º 196).
☑️Además, los actuales miembros del Consejo cesarán en sus funciones al promulgarse la ley, lo que marca un recambio total de autoridades.

La intervención busca transparentar el funcionamiento administrativo y técnico del organismo en un momento clave, cuando se proyecta un nuevo sistema energético provincial más descentralizado, planificado y con mayor participación estatal.

Un nuevo mapa energético

Desde el oficialismo provincial explicaron que los dos proyectos conforman una hoja de ruta conjunta. Mientras la nueva ley energética redefine el modelo estructural, la intervención al Ente Regulador busca garantizar control y eficacia institucional, asegurando que el Estado esté a la altura de las funciones que asumirá con EPECH y MEMCH.

Las iniciativas también responden a un contexto nacional complejo, donde se discute el federalismo energético, el reparto de regalías, la participación de las provincias en la renta de recursos naturales y la falta de inversiones en infraestructura por parte del gobierno central.


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Si se aprueban, ambas leyes marcarán el inicio de una etapa de autonomía progresiva en materia energética, con impacto directo sobre tarifas, infraestructura, calidad del servicio y generación de empleo.

   

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