Villa La Angostura: barricadas y desobediencia a una orden de desalojo por un predio ocupado en 2011

Este lunes venció el plazo judicial que otorgaba a dos comunidades de Villa La Angostura la posibilidad de abandonar voluntariamente un predio privado que ocupan desde fines de 2011. En respuesta, las familias del lof Quintriqueo y Melo bloquearon los accesos al terreno y advirtieron que no permitirán el ingreso de las fuerzas de seguridad.

El conflicto por este lote comenzó a ser denunciado formalmente en 2012, aunque el ingreso de las comunidades al lugar se produjo en diciembre del año anterior. Desde entonces, la situación legal avanzó con múltiples instancias judiciales, incluyendo una orden de desalojo dictada en 2016 por el Juzgado Civil de Junín de los Andes, que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

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La propietaria del terreno presentó el título de dominio que acredita la tenencia desde 1973. Sin embargo, las comunidades alegan la preexistencia ancestral de sus familias en la zona y se apoyan en la Ley 26.160 de relevamiento territorial indígena, a pesar de que el INAI nunca reconoció formalmente a las familias ocupantes.

En las últimas horas, la Confederación Mapuche de Neuquén se declaró en estado de alerta y solicitó la intervención del gobierno provincial para evitar que se concrete la medida. Desde el colectivo indígena denunciaron “abandono por parte de sus autoridades”.

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“Serán los principales responsables de lo que suceda con nuestros niños, ancianos e integrantes de nuestras lof”, expresaron en un comunicado. También dejaron en claro que consideran el terreno como parte de su “territorio ancestral” y que lo defenderán como tal.

La ocupación se produjo mediante el corte de un candado y la instalación de una precaria construcción. En aquel primer contacto, la propietaria fue recibida por uno de los ocupantes, quien, machete en mano, le comunicó que se trataba de una “recuperación territorial”.

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La defensa legal de las familias está a cargo del abogado Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados de la República Argentina, quien ha utilizado diversos recursos judiciales para evitar el desalojo. Argumentan que el reclamo se basa en la permanencia de sus ancestros en el lugar desde 1928, aunque ese dato no pudo ser documentado.

Según los registros presentados por la querella, el lote nunca había sido ocupado antes del ingreso de estas familias. La demandante sostiene que la aplicación de la Ley 26.160 no corresponde en este caso, dado que la norma ampara únicamente las ocupaciones anteriores a 2005.

Fuente: Infobae