Legislatura de Santa Cruz
La Legislatura de Santa Cruz volvió a quedar paralizada por la falta de quórum provocada por diputados oficialistas que se retiraron del recinto justo antes de tratar un pedido clave: la solicitud de desafuero del diputado provincial Fernando Españon, requerido por la Cámara Criminal para que pueda ser sometido a juicio por graves denuncias vinculadas a su gestión anterior como intendente de la localidad de 28 de Noviembre.
Desde febrero, el Poder Judicial de la provincia solicitó formalmente a la Legislatura que habilite el proceso judicial contra Españon, pero los intentos por avanzar con el tratamiento legislativo vienen siendo bloqueados por el bloque Por Santa Cruz, que responde al gobierno del gobernador Claudio Vidal.
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En la sesión del pasado miércoles, tras haber participado sin inconvenientes en una sesión extraordinaria previa en la que se trató una ley electoral necesaria para el Ejecutivo, los legisladores oficialistas se retiraron del recinto justo antes del segundo encuentro previsto para debatir el pedido de desafuero. Esta acción frustró nuevamente el tratamiento del tema y generó malestar entre los bloques opositores.
El legislador Españon, por su parte, declaró públicamente que está dispuesto a someterse a la Justicia y que renunciaba a sus fueros, aunque no formalizó el procedimiento. La Justicia aclaró que una renuncia verbal no exime el cumplimiento del Código Procesal Penal, que exige una votación formal de la Cámara de Diputados para que un legislador pueda ser juzgado.
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El pedido de desafuero está vinculado a dos causas judiciales que involucran hechos ocurridos durante su intendencia. Una de las denuncias más graves fue realizada por una mujer que trabajaba en el municipio, quien lo acusó de condicionarla a mantener relaciones sexuales para conservar su empleo.
En la sesión frustrada solo permanecieron en sus bancas los diputados del kirchnerismo, incluidos Daniel Peralta y Carlos Alegría, que no pertenecen al bloque, y el legislador de Cambia Santa Cruz, Pedro Muñoz. Todos expresaron su preocupación por la falta de voluntad política del oficialismo para cumplir con el requerimiento judicial.
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La maniobra de evasión política vuelve a poner en foco las tensiones entre el Poder Judicial y la Legislatura santacruceña. Para los jueces, el proceso debe avanzar con respaldo institucional, dado que la denuncia implica una violación a los derechos laborales y sexuales de una trabajadora estatal.
Fuente: Señal Calafate
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