Este jueves revisarán el fallo de la causa "ñoquis calientes" en Chubut
Policiales27/05/2025
REDACCIÓN
Torres Otarola
La Cámara de Apelaciones de Trelew celebrará este jueves 29 de mayo una audiencia para revisar el fallo de primera instancia en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, donde por primera vez en la historia judicial del Chubut se condenó penalmente a personas que cobraban sueldos estatales sin desempeñar funciones. La revisión estará a cargo de un nuevo tribunal, que evaluará la sentencia con base en la prueba reunida y la acusación impulsada por el fiscal Omar Rodríguez.
El caso generó fuerte repercusión institucional al marcar un precedente sin antecedentes en la provincia. La decisión fue tomada por un tribunal integrado por los jueces Carlos Richieri, José Ennis y Marcela Pérez Bogado, quienes concluyeron que hubo fraude contra la administración pública por parte de funcionarios y asesores que simulaban cumplir tareas.
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La causa implicó directamente a la exdiputada y exministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, hallada culpable de cuatro hechos de fraude y tres hechos de exacciones ilegales, delito que implica exigir parte del sueldo a empleados subordinados. La maniobra fue denunciada por un exasesor, y según el fallo, los depósitos irregulares eran gestionados con apoyo de su colaboradora directa, Cañumil.
Entre los demás condenados figuran Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, todos domiciliados en Buenos Aires y designados como directores en el Ministerio. Sus funciones, según declaró personal de planta, eran en realidad cubiertas por otros empleados que asumieron sus tareas, ya que los nombrados no prestaban servicios reales.
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El tribunal remarcó que los hechos violaban no solo la ley nacional de ética pública, sino también normas internacionales que obligan al Estado argentino a actuar con firmeza ante la corrupción. La condena fue destacada por su valor preventivo y por reafirmar la necesidad de una función pública transparente y al servicio de la ciudadanía.
La audiencia del 29 de mayo buscará revisar la validez del fallo desde una perspectiva jurídica, procesal y probatoria. Se trata de una instancia clave, no solo para los implicados, sino también para los organismos estatales y la ciudadanía que espera respuestas firmes ante el uso indebido de los recursos públicos.
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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP), encabezada por el fiscal Rodríguez, continúa trabajando bajo una política de cero tolerancia, alineada con los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción asumidos por la provincia y el país.
En el fallo de primera instancia, los jueces señalaron que este tipo de prácticas no deben naturalizarse y exigieron responsabilidad institucional en todos los niveles. La condena se suma a otras investigaciones que buscan sanear el vínculo entre la política y la administración pública.
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