edificio de la SIDE
Un plan estratégico de 170 páginas elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la gestión de Javier Milei fue entregado en octubre pasado a la comisión bicameral de Inteligencia del Congreso. Según trascendidos legislativos y de fuentes cercanas al sistema de inteligencia nacional, el documento establece al menos diez lineamientos prioritarios con un foco marcado en actores que puedan poner en riesgo la estabilidad democrática, económica y territorial de la Argentina.
Uno de los apartados que genera mayor inquietud dentro y fuera del Congreso es el que apunta a “ciberoperadores” y otros actores que, mediante inteligencia artificial, big data o recursos de la deep web, podrían alterar procesos electorales o fomentar desconfianza en el sistema financiero. Si bien no se mencionan nombres, desde la oposición advierten que el uso de la expresión “actores estratégicos” puede abrir la puerta a interpretaciones preocupantes.
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El documento también incluye objetivos más clásicos para la inteligencia nacional, como el seguimiento de la depredación pesquera en el Atlántico Sur, el conflicto de las Malvinas y la vigilancia de movimientos geopolíticos vinculados al terrorismo internacional o a conflictos como el de Medio Oriente. Pero esta vez, la mira también está puesta en la radicalización política interna, la desinformación en entornos digitales y el accionar de grupos con potencial desestabilizador.
En ese sentido, la SIDE identifica como amenazas posibles a los grupos anarquistas con contactos internacionales, a sectores vinculados a narrativas separatistas como la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y a eventuales agentes extranjeros que propaguen campañas de odio o fake news, especialmente durante períodos electorales.
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En paralelo, el plan instruye sobre la colaboración con la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, para abordar objetivos compartidos como el crimen organizado, el narcotráfico y la seguridad de infraestructuras estratégicas del país, incluidas las centrales nucleares de Atucha y Río Tercero.
Además, la SIDE actual —que en esta gestión sumó una Agencia de Ciberseguridad— se enfoca en la prevención de ciberataques y en la identificación de operadores digitales capaces de manipular información o interferir con procesos institucionales mediante técnicas de ransomware, phishing o espionaje informático.
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La presentación del plan —que debió haberse entregado en marzo— se retrasó por el recambio en la cúpula de inteligencia. La oposición, encabezada por el senador Martín Lousteau en la comisión bicameral, espera explicaciones formales del titular actual, Sergio Neiffert, ante el temor de que el alcance del documento exceda los límites establecidos por la Ley de Inteligencia.
El plan incluye también referencias a la protección de altos funcionarios, al monitoreo de “relatos” con origen local o extranjero que busquen instalar conflictos ficticios, y a la necesidad de anticiparse a eventuales acciones de xenofobia, discriminación o discurso de odio que puedan derivar en episodios violentos.
Fuente: Clarín, Perfil, La Nación
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