Procesaron al policía que arrojó gas lacrimógeno a una nena de 10 años durante una protesta

Cristián Rivaldi, el agente de la Policía Federal Argentina que arrojó gas lacrimógeno a una nena de 10 años durante una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional, fue procesado por los delitos de abuso de autoridad en concurso real y lesiones leves. El episodio, que ocurrió el 11 de septiembre de 2024, conmocionó a la opinión pública por la brutalidad innecesaria con la que actuó el efectivo, en medio de una protesta pacífica y con la menor fuera de la movilización.

El fallo judicial fue contundente: “Rivaldi arrojó gas contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente”. La resolución además remarca que tanto la niña, Fabricia Pegoraro, como su madre estaban en clara posición de desventaja respecto al policía, que les apuntó directamente al rostro sin que existiera provocación o amenaza alguna.

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Los jueces subrayaron la veracidad del testimonio de la familia, respaldado por las imágenes captadas durante el operativo. “No hay motivo para dudar del testimonio de la querellante, las imágenes corroboran férreamente sus dichos. Contrariamente, el descargo del imputado resulta inverosímil”, sentenció la Justicia, marcando que el efectivo disparó con plena intención y sin reparo alguno.

Pese a la gravedad del hecho, por el momento no se solicitó prisión preventiva. Rivaldi presentó su defensa por escrito, en un documento de 60 carillas, donde sostuvo que actuó siguiendo el protocolo y obedeciendo órdenes de sus superiores, presuntamente desde la sala de operaciones, donde se encontraba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Negó haber visto a la niña entre los manifestantes, e insistió en que su accionar se enmarcó en los procedimientos habituales para este tipo de operativos.

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El hecho se inscribe en una serie de incidentes relacionados con el accionar policial en las protestas sociales durante la actual gestión de Javier Milei, particularmente en las manifestaciones de jubilados que se realizan todos los miércoles. La intervención de las fuerzas federales, bajo la dirección de Bullrich, ha sido objeto de numerosas críticas por el uso desmedido de la fuerza contra manifestantes pacíficos.

Mientras tanto, la familia Pegoraro continúa adelante con la querella judicial y recibió respaldo de organismos de derechos humanos. El procesamiento de Rivaldi constituye un paso relevante en la búsqueda de justicia, aunque aún resta determinar si se avanzará con una sanción mayor o si se investigarán responsabilidades más altas dentro de la cadena de mando.

Fuente: Ámbito