Moretti, videos y audios que lo muestran recibiendo dinero para fichar a un juvenil.
La investigación no solo alcanza a Moretti, sino también a Francisco Sánchez Gamino, quien hasta hace poco ocupaba un cargo en la jefatura de Gabinete de la Nación y que, tras estallar el escándalo mediático, fue apartado de su función. Ambos están sospechados de haber incurrido en maniobras ilícitas que comprometen tanto la integridad institucional de San Lorenzo como la transparencia en el uso de fondos públicos y privados.
Según detalla la fiscalía especializada en eventos masivos, se están investigando al menos dos hechos puntuales que podrían configurar delitos de gravedad. El primero es el presunto cobro de una suma en dólares por parte de Moretti a cambio del ingreso de un menor al club, sin que dicho monto haya sido registrado en la contabilidad oficial ni aprobado por los órganos de fiscalización. El segundo involucra la contratación unilateral de un vuelo charter y alojamiento en Quito, Ecuador, por un valor de 220.000 dólares, utilizados para trasladar al plantel profesional y a un grupo de simpatizantes sin autorización de las instancias internas del club.
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Los delitos en cuestión se encuadran, por un lado, bajo la figura de defraudación por administración infiel, prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, y por el otro, como facilitación de agrupaciones destinadas a la comisión de ilícitos, contemplada en la Ley 24.192, lo que eleva aún más el nivel de complejidad procesal del caso.
En paralelo a la citación a indagatoria, se desplegaron numerosas medidas judiciales ordenadas por la jueza Rocío López Di Muro, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, a solicitud del fiscal interviniente. Entre ellas se destacan los allanamientos realizados en la sede del club San Lorenzo, en el domicilio particular de Moretti y en la vivienda de Sánchez Gamino. Durante los procedimientos, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño procedió al secuestro de teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes forenses para analizar sus contenidos y posibles vínculos con los hechos investigados.
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Además, se incautaron libros contables y registros internos del club para su análisis técnico, con el objetivo de determinar si hubo más maniobras similares que comprometan la administración institucional. También se tomaron declaraciones testimoniales a las personas que aparecen en el video original emitido por televisión, cuya versión sin edición fue requerida a la productora responsable del programa periodístico.
La fiscalía solicitó formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que remita documentación sobre la inscripción del menor cuya incorporación habría motivado el pago irregular. Paralelamente, se pidió información detallada tanto a la aerolínea contratada como al hotel de Quito que hospedó a la delegación, con el fin de reconstruir el circuito de pagos y confirmar si efectivamente se utilizaron fondos del club sin los debidos controles.
Por último, el Ministerio Público solicitó al juzgado interviniente que se mantenga la competencia porteña sobre el expediente, para evitar que las causas sean derivadas al fuero nacional, argumentando que los hechos y sus consecuencias se desarrollan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto institucional como territorialmente.
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